Durante la sesi\u00f3n del Congreso del Estado, la diputada Montserrat Ortega fij\u00f3 su posicionamiento en contra del decreto relacionado con la Universidad Popular Aut\u00f3noma de Veracruz (UPAV), al se\u00f1alar que, aunque el objetivo declarado es fortalecer a la instituci\u00f3n, el mecanismo propuesto resulta incorrecto, contradictorio y preocupante.<\/p>\n\n\n\n
Desde tribuna, la legisladora explic\u00f3 que el decreto plantea que el Estado asuma el control directo de una universidad que ya operaba bajo un esquema mixto y en la que el propio gobierno ten\u00eda una participaci\u00f3n relevante, pues nombraba al rector y destinaba recursos p\u00fablicos suficientes para cubrir la n\u00f3mina administrativa. Por ello, aclar\u00f3 que no se trata de una instituci\u00f3n abandonada ni fuera del control estatal.<\/p>\n\n\n\n
La diputada record\u00f3 que existen m\u00faltiples se\u00f1alamientos p\u00fablicos de corrupci\u00f3n en el manejo anterior de los recursos y que la propia secretaria de Educaci\u00f3n reconoci\u00f3 desde el pleno la existencia de estas irregularidades. Sin embargo, critic\u00f3 que, pese a dicho reconocimiento, no se planteen denuncias ni sanciones, lo que, afirm\u00f3, confirma un patr\u00f3n de impunidad dentro de la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los puntos m\u00e1s graves del decreto, sostuvo, es que contraviene el principio constitucional de gratuidad de la educaci\u00f3n p\u00fablica, al permitir la permanencia de cuotas que incluso siguen siendo pagadas por los propios maestros. Se\u00f1al\u00f3 que la educaci\u00f3n impartida por el Estado debe ser gratuita y que este decreto rompe con ese mandato constitucional.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, advirti\u00f3 que m\u00e1s de cuatro mil maestras y maestros quedan en indefensi\u00f3n jur\u00eddica, ya que el decreto no establece con claridad su situaci\u00f3n laboral, ni define si ser\u00e1n absorbidos por la nueva universidad, bajo qu\u00e9 r\u00e9gimen ni con qu\u00e9 garant\u00edas. Subray\u00f3 que cualquier transformaci\u00f3n institucional debe prever de manera expresa la protecci\u00f3n de los derechos laborales.<\/p>\n\n\n\n
La legisladora se\u00f1al\u00f3 que se repite una pr\u00e1ctica preocupante: transformar o desaparecer instituciones sin hacerse cargo de las personas que las integran, priorizando el control presupuestal sin considerar el impacto humano.<\/p>\n\n\n\n
Por estas razones, concluy\u00f3 que el decreto no fortalece la educaci\u00f3n p\u00fablica, no combate la corrupci\u00f3n, genera incertidumbre laboral y contradice la gratuidad constitucional, por lo que anunci\u00f3 su voto en contra.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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