La Red UV por la Legalidad emitió su Pronunciamiento Público No. 2, dirigido a los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, denunciando una serie de irregularidades en el proceso que otorgó una prórroga al actual rector. Según la Red, la Junta carece de atribuciones legales para conceder una “prórroga directa” y, aún así, decidió crear un procedimiento ad hoc que violó la Ley de Autonomía y su propio reglamento interno.
La situación escaló con la renuncia de dos académicas que se opusieron a lo que califican como una transgresión abierta al marco legal universitario. La Red cuestiona por qué, siendo tan clara la normatividad, se decidió ignorar y poner en riesgo la seguridad jurídica de la comunidad universitaria, privilegiando los intereses del rector saliente.
En apenas 12 días hábiles —una eficiencia que hasta Hacienda envidiaría—, la Junta pasó de inventar el proceso de consulta a anunciar la prórroga, incluyendo un comunicado plagado de elogios hacia la propia gestión rectoral, lo cual, según la Red, refleja no sólo falta de legalidad, sino de pudor institucional.
La Red UV por la Legalidad exige que se revoque el acuerdo de prórroga y que se reponga el procedimiento conforme a lo que marca la legislación universitaria. Concluyen su llamado alertando sobre el intento de “secuestro” institucional de la máxima casa de estudios de Veracruz, reafirmando su compromiso con una universidad digna, inteligente y socialmente responsable.
¿Quiénes respaldan este pronunciamiento?
Más de 380 firmantes: académicos, exrectores, investigadores, estudiantes, exdirectores y personal administrativo de todas las áreas de la UV, incluyendo nombres como Raúl Arias Lovillo (exrector), Víctor Arredondo Álvarez (exrector), Celia del Palacio Montiel (coordinadora fundadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación), Rafael Ortiz Castañeda (exabogado general), además de docentes de las facultades de Psicología, Derecho, Filosofía, Biología, Contaduría, Ingeniería y centros de investigación de toda la entidad.
El mensaje es claro: la defensa de la legalidad universitaria no es un capricho de unos cuantos, sino un llamado coral de quienes creen en el valor de la autonomía, la transparencia y el respeto a la inteligencia colectiva.
Como diría cualquier universitario: no es sólo cuestión de reglamentos, es cuestión de decencia.
