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Mara I. Cruz Pastrana

Cada cierto tiempo, la reforma electoral vuelve a ocupar el centro del debate público. Se anuncia como necesaria, inevitable o urgente. Se discute en mesas políticas, conferencias y tribunas, Pero, una vez más, la ciudadanía observa desde afuera cómo se modifican las reglas del juego democrático sin haber sido verdaderamente escuchada.


El problema no es que se hable de reforma electoral. El problema es cómo se habla y quiénes deciden.
Cambiar las reglas de las elecciones no es un asunto menor ni técnico. Es una decisión profundamente política, porque define quién compite, en qué condiciones y con qué garantías. Por eso resulta preocupante que estas reformas sigan discutiéndose solo entre partidos y gobierno, mientras la ciudadanía queda reducida al papel de espectadora.
Reformar desde el poder
Cuando quienes buscan ganar elecciones son los mismos que deciden cómo deben organizarse, el conflicto es evidente. No se trata de desconfiar por sistema, sino de reconocer una realidad: nadie debería cambiar las reglas del juego sin escuchar a quienes participan en él.
Aun así, muchas reformas electorales nacen del cálculo político del momento. Se impulsan cuando convienen y se frenan cuando incomodan. Rara vez surgen de un diálogo amplio con la ciudadanía. Este modo de reformar genera desconfianza. Y la desconfianza es veneno para la democracia.
Instituciones incómodas
Uno de los puntos más delicados en cualquier reforma electoral es el papel de las autoridades electorales. Su independencia no es un lujo, es una necesidad. Cuando estas instituciones funcionan como contrapesos, incomodan al poder. Y cuando incomodan, se vuelven blanco de críticas, recortes o intentos de control.
Debilitar a las autoridades electorales no fortalece la democracia; la fragiliza. Sin árbitros confiables, el resultado no es ahorro ni eficiencia, sino incertidumbre.
La ciudadanía entiende algo básico: sin reglas claras y árbitros imparciales, el voto pierde valor.
El falso debate del costo
Otro argumento recurrente es que la democracia es cara. Y sí, cuesta. Pero también cuesta la improvisación, la corrupción y el autoritarismo.

Reducir el debate electoral a una cuestión de dinero es simplificarlo peligrosamente. El verdadero problema no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta y para qué. Recortar sin fortalecer controles solo abre la puerta a intereses privados, dinero ilegal y decisiones tomadas lejos del interés público.
Una democracia barata puede salir muy cara.
La gran ausente: la ciudadanía
Lo más grave es que, mientras se habla de democracia, la participación ciudadana sigue siendo marginal. Se vota cada cierto tiempo, pero fuera de eso, la opinión de la gente rara vez incide en las decisiones importantes. Las consultas suelen ser limitadas, poco informadas o no vinculantes. Se convoca a la ciudadanía, pero no se le escucha. Y cuando la participación se vuelve un trámite, el desencanto crece.
La democracia no se fortalece con simulaciones.
Polarización y ruido
En un ambiente polarizado, cualquier crítica se interpreta como ataque. Cualquier duda, como traición. Así, el debate se empobrece y la ciudadanía queda atrapada entre consignas. La desinformación hace el resto. Datos incompletos, mensajes emocionales y discursos simplificados sustituyen al análisis. En ese contexto, no se decide: se reacciona.
Una reforma electoral seria exige información clara, debate abierto y respeto a la inteligencia ciudadana.
La pregunta incómoda
¿La reforma electoral busca fortalecer la democracia o concentrar el poder?
No se responde con discursos, sino con procesos. Con apertura, inclusión y rendición de cuentas. Cuando una reforma genera más dudas que certezas, el problema no es la ciudadanía que cuestiona.
Democracia todos los días
La democracia no se decreta desde una ley ni se agota en una elección. Se construye todos los días, con participación, vigilancia y crítica. Una reforma electoral sin ciudadanía es una reforma incompleta. Cambiar las reglas sin escuchar a la gente no acerca el poder al pueblo; lo aleja.
Si de verdad se quiere fortalecer la democracia, el primer paso no es reformar la ley, sino escuchar a quienes la sostienen. Porque cuando la gente queda fuera de las decisiones, la democracia deja de ser de todos.