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Ángeles González Ceballos
La fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que existen diversas denuncias en contra de notarios públicos, jueces funcionarios y exfuncionarios del Registro Público de la Propiedad, por lo que investigarán a fondo los señalamientos de actos de colusión entre todos ellos y que se ha denominado el cártel inmobiliario.
Durante su comparecencia, la Fiscal aseguró que se sancionará a quien o quienes resulten responsables de diversos delitos en una misma forma de actuar para despojar a familias veracruzanas de su patrimonio.
«Se realizarán investigaciones a fondo, porque por cuanto hace a servidores y exservidores públicos del Registro Público de la Propiedad, corresponde a la Fiscalía Anticorrupción. Algunas denuncias están -por cuanto hace a notarios- en la Fiscalía Especializada en Investigaciones Ministeriales.
Empezamos a notar que en varias de estas denuncias se advierte una misma mecánica, es decir, que se utilizó una misma forma de actuar para despojar a familias veracruzanas de su patrimonio», señaló.
La fiscal general subrayó que se están deslindando responsabilidades, identificando patrones, así como beneficiarios de estas acciones tanto particulares como servidores públicos, despachos de abogados postulantes, entre otros.
«Todo esto constituye un entramado que debemos ir desmenuzando porque hay denuncias dispersas en contra de notarios, de servidores y exservidores públicos del Registro Público de la Propiedad, también contra jueces y exjueces, de la concatenación que se haga de todas y cada una de las carpetas, sin duda se irán deslindando responsabilidades», garantizó.
Por otra parte, Lisbeth Aurelia indicó que de las 361 denuncias interpuestas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), por un monto de 36 mil millones de pesos, todavía están en integración, no se ha determinado ninguna en ningún sentido, pero tampoco se han archivado.
«Una vez que se judicialicen podremos hablar de montos recuperados. La misma Ley prevé figuras para estos casos que serían el embargo precautorio y la inmovilización de cuentas y, en su caso, la Fiscalía Anticorrupción hará uso de estas figuras para garantizar la reparación del daño», expuso.
Adelantó que ya existe un plan de trabajo para priorizar las carpetas junto con la Unidad de Inteligencia de la SEFIPLAN y con la cual ya firmaron un convenio marco para intercambiar información y llegar a buen puerto y seguir el rastro del dinero.
