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Durante la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ante el Congreso local, la diputada Panista Montserrat Ortega expresó una postura crítica sobre el funcionamiento de la Fiscalía de Veracruz, al advertir que la autonomía de la institución ha sido, en los hechos, una simulación que no se ha traducido en justicia efectiva para las víctimas.
Desde tribuna, la legisladora recordó que la procuración de justicia en Veracruz ha transitado de un modelo dependiente del Poder Ejecutivo a uno formalmente autónomo, con el objetivo de blindar las investigaciones penales de presiones políticas. Sin embargo, sostuvo que esa autonomía no ha generado los resultados esperados, pues la Fiscalía “frecuentemente no respondió con eficacia a las víctimas”.
La diputada manifestó su preocupación por la reciente reforma al procedimiento de designación de la persona titular de la Fiscalía, al señalar que acerca aún más a la institución al Poder Ejecutivo y reduce el papel del Congreso a un rol meramente testimonial. Aclaró que votó en contra de dicha reforma y cuestionó si este cambio fortalece la autonomía o, por el contrario, construye una Fiscalía políticamente alineada.
En ese contexto, planteó a la Fiscal General un cuestionamiento directo sobre las garantías reales para que la autonomía no sea “letra muerta” y para que su gestión no esté marcada por consignas políticas, revanchismos o encubrimientos.
La legisladora enfatizó que la autonomía institucional carece de sentido si no se traduce en resultados concretos, particularmente frente a los delitos que afectan de manera cotidiana a las familias veracruzanas. Por ello, solicitó información clara sobre los indicadores de incidencia y esclarecimiento en delitos como robo a casa habitación, robo a transeúnte y robo a negocio, así como una explicación sobre la brecha existente entre las denuncias presentadas y los casos que efectivamente llegan ante un juez.
Asimismo, puso énfasis en uno de los principales problemas de la procuración de justicia en el estado: la baja efectividad. Cuestionó el índice actual de judicialización, el número de carpetas que terminan en archivo temporal, no ejercicio de la acción penal o rezago, y señaló que una deficiente integración de las carpetas de investigación suele derivar en la liberación de presuntos delincuentes por falta de elementos probatorios.
“Cuando las carpetas no se integran correctamente, los jueces no tienen nada más que hacer que dejar en libertad a los delincuentes que laceran la sociedad, que roban a la gente, que matan personas, que extorsionan, que defraudan, que desaparecen hombres y mujeres”, advirtió.
Finalmente, la diputada exigió conocer las acciones concretas y medibles que la Fiscalía implementará para elevar la judicialización, fortalecer la investigación, mejorar la integración de carpetas y evitar que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por otra”.
Al cerrar su intervención, sostuvo que Veracruz no necesita una Fiscalía autónoma solo en el papel, sino una institución verdaderamente independiente y eficaz, capaz de atender a las víctimas, investigar con rigor y judicializar los casos. “Entonces, Fiscal, ¿cómo lo va a demostrar con hechos y en qué plazos?, concluyó.



