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NdelaR
Hay talentos que deberían competir en festivales internacionales. No de cine, no de teatro: de cinismo administrativo. Lo que ocurrió en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz no fue un simple desorden financiero, fue una coreografía perfectamente ensayada donde el dinero de los aprendientes entraba por la puerta principal… y salía por la puerta trasera con absoluta elegancia jurídica.
Durante seis años, mientras miles de veracruzanos creían estar pagando por educación, en realidad estaban financiando una operación paralela que convirtió a la UPAV en la sucursal académica de una sociedad mercantil llamada “Asociación Educación es Primero AEP, AC”. El nombre, por cierto, digno de premio: educación primero… pero la facturación después. Mucho después.
Los hoy detenidos, ésos que convenientemente aparecen en la escena pública como los villanos del cuento, no son más que los extras de reparto. Los verdaderos protagonistas tienen nombre y apellido y aparecen firmando documentos, modificando convenios y extendiendo contratos como si se tratara de una membresía de gimnasio: Jorge Miguel Uscanga Villalba y el entonces rector Ome Tochtli Méndez Ramírez. 
El convenio que permitió esta operación inició en 2018 y fue modificado en 2022 para extenderse hasta 2027. Sí, hasta 2027. Porque cuando uno está cómodo manejando recursos ajenos, siempre es buena idea garantizar la permanencia. En ese documento quedó perfectamente establecido que la asociación recabaría directamente los recursos de los aprendientes. Traducido al español sin maquillaje: el dinero nunca pasaba por los controles reales de la universidad. Pasaba por manos privadas, bajo un convenio público. Una jugada fina.
Y como cereza del pastel, la cláusula del famoso 3% de “remanente” para cubrir obligaciones civiles, laborales y fiscales. Un pequeño colchón legal para dormir tranquilos… mientras la institución despertaba con un adeudo de 42 millones 710 mil pesos. 
Lo verdaderamente magistral no es el desfalco. Es la actuación posterior.
Cuando el nuevo rector, Sergio Torres Mejía, solicita estados financieros, conciliaciones bancarias, facturación, declaraciones fiscales, control de aportaciones, contratos, convenios, inventarios… la respuesta del ex rector Ome Tochtli Méndez es digna de antología: que él no elaboró, no revisó ni supervisó información contable o financiera de la asociación. Es decir, durante seis años fue rector de una universidad cuya operación financiera principal no conocía. Una especie de rector ornamental. De aparador. De utilería institucional. 
Y mientras eso ocurría, el entonces secretario de Educación, hoy diputado federal, Zenyazen Escobar, en entrevista radiofónica se deslinda con una serenidad que ya quisieran los monjes tibetanos: que durante su gestión hubo transparencia y que la responsabilidad era del subsecretario. Ese subsecretario: Jorge Miguel Uscanga.
Aquí es donde el sarcasmo se vuelve inevitable. Porque todos sabían. Todos firmaban. Todos prorrogaban. Pero nadie veía nada.
Como si la UPAV hubiera sido administrada por espíritus chocarreros que movían millones sin que nadie se diera cuenta.
El resultado es grotesco: una fundación filantrópica, la EDAL, tuvo que entrar a rescatar a la universidad cubriendo el adeudo millonario que dejó la asociación “educativa”. Una fundación sin fines de lucro pagando el desastre que dejó una asociación que operó con fines muy claros, aunque no precisamente educativos. 
Y ahora, con una maniobra que raya en lo absurdo, se pretende acusar a quienes llegaron a intentar ordenar el tiradero.
Porque en esta historia, los que piden cuentas son los culpables… y los que firmaron todo, no sabían nada.
El guión es tan burdo que insulta la inteligencia.
Aquí no hubo error administrativo. Hubo diseño. Hubo intención. Hubo continuidad. Hubo protección.
Y sobre todo, hubo una certeza: que nadie revisaría nada.
Hasta que alguien lo hizo.
Hoy la narrativa oficial intenta distraer con chivos expiatorios, mientras los nombres que aparecen en los documentos, en las firmas, en los convenios y en las ampliaciones, caminan con la tranquilidad de quien confía en que la memoria pública es corta.
Pero los documentos no se cansan. No olvidan. Y no mienten.
La UPAV no fue víctima de un desorden. Fue víctima de un sistema perfectamente aceitado donde la educación sirvió de fachada y los aprendientes de caja registradora.
Y lo más insultante no es el desfalco.
Es que ahora quieran convencernos de que los responsables, nunca estuvieron ahí.
