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Oscar Domínguez Méndez, abogado defensor del ex rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), Sergio “N”, sostuvo que la vinculación a proceso dictada por un juez carece de sustento constitucional y legal, al no haberse acreditado los elementos mínimos del delito imputado. En entrevista exclusiva, el litigante afirmó que la resolución es impugnable y reiteró que la presunción de inocencia de su representado permanece intacta, pese al juicio mediático que se ha generado en torno al caso.
Tras la audiencia de vinculación a proceso celebrada recientemente, la defensa legal del ex rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz cuestionó severamente la actuación del Ministerio Público y la resolución judicial emitida.
El licenciado Oscar Domínguez Méndez explicó que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la imputación formulada por la Fiscalía no cumplió con los estándares constitucionales ni con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Durante la audiencia quedó plenamente evidenciado que no se acreditaron los elementos esenciales del tipo penal. No se demostró la tipicidad de la conducta, ni una antijuridicidad penalmente relevante, y mucho menos la culpabilidad de mi representado. En términos técnicos, no se alcanzó el estándar mínimo para una vinculación a proceso”, señaló.
El abogado sostuvo que una resolución de esta naturaleza no puede sustentarse en suposiciones o señalamientos genéricos, ya que el proceso penal exige rigor probatorio y respeto irrestricto al debido proceso.
“Cuando una vinculación a proceso se construye sobre conjeturas o inferencias vagas, deja de ser un acto de justicia y se convierte en un ejercicio indebido del poder punitivo del Estado. Desde nuestra óptica, la resolución resulta jurídicamente improcedente e incluso inconstitucional”, afirmó.
Ante la percepción social que suele equiparar la vinculación a proceso con una sentencia condenatoria, el defensor fue enfático en aclarar que dicha interpretación es incorrecta.
“La vinculación a proceso no es una condena ni implica culpabilidad. Únicamente permite que la investigación continúe. En un Estado constitucional de derecho, la presunción de inocencia se mantiene vigente hasta que exista una sentencia firme”, puntualizó.
Respecto a los pasos siguientes, Domínguez Méndez adelantó que la defensa hará uso de todos los mecanismos legales disponibles para impugnar las resoluciones que considere violatorias de derechos fundamentales, así como para robustecer la estrategia jurídica durante la fase de investigación complementaria.
“El proceso penal también es un espacio para controlar los excesos del Estado. Desde ahí ejerceremos cada medio de defensa legal, con el objetivo de esclarecer la verdad de los hechos y demostrar plenamente la inocencia de mi representado”, indicó.
Finalmente, el abogado hizo un llamado a evitar los juicios anticipados y a no sustituir el análisis jurídico por la presión mediática.
“La justicia no se construye con linchamientos públicos ni con titulares, sino con pruebas, legalidad y respeto a la dignidad humana. Defender no es justificar; defender es exigir que el Estado cumpla la ley. Confiamos en que la verdad y el Derecho terminarán imponiéndose”, concluyó.
El contexto público del caso
En los últimos días, el caso del ex rector de la UPAV ha generado una intensa reacción en redes sociales y en diversos portales de noticias locales y estatales. Mientras algunos sectores han manifestado indignación y exigencias de sanción inmediata, otros actores académicos, jurídicos y ciudadanos han llamado a respetar el debido proceso y a no adelantar conclusiones.
La discusión pública ha puesto nuevamente en el centro del debate la forma en que se judicializan los casos de alto perfil en Veracruz, así como el impacto del juicio mediático en los procesos penales. En este escenario, la defensa insiste en que el caso debe resolverse exclusivamente en los tribunales, con base en pruebas y conforme a la ley, y no bajo la presión de la opinión pública.
Por ahora, el proceso continúa en su etapa legal correspondiente, mientras crece la expectativa sobre las resoluciones que habrán de emitirse en las próximas semanas y el rumbo que tomará uno de los casos más comentados del ámbito educativo y político en el estado.
