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Naldy Rodríguez
Transparencia 3.0
Desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, Veracruz fue escenario de hechos violentos que podrían estar relacionados con el narcotráfico, un lastre para el estado y el país que ha trastocado los sectores sociales, políticos y económicos del país.
El periodismo veracruzano no ha estado exento de sus consecuencias. Desde ese momento y hasta ahora, los medios de comunicación no han estado preparados para las escenas que se han visto: enfrentamientos entre sicarios y policías, cadáveres de personas en las calles, embolsados, envueltos en sábanas y decapitados.
En 2012, en un periodo de dos meses, cinco periodistas en ese estado fueron asesinados en hechos distintos. En ese momento, muchos reporteros de la nota roja abandonaron el periodismo o se cambiaron de sección para evitar estar expuestos.
En Xalapa, asesinaron a Regina Martínez (corresponsal de Proceso) y Víctor Manuel Báez (editor de la sección policiaca en Milenio Veracruz), ambos daban cobertura a los hechos de inseguridad. También mataron a Gabriel Huge, Esteban Rodríguez y Guillermo Luna, reporteros de la nota policiaca.
En aquel terrible año, en el gobierno de Javier Duarte, crearon la Comisión Estatal de Protección de Periodistas (Ceapp), supuestamente para protegerlos y atender la problemática, en un momento crítico. Nació como un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con representación de periodistas y directivos de medios en activo.
El pasado 8 de enero, en Poza Rica (13 años después de aquel atroz 2012), Carlos Castro, reportero que cubría la “nota roja”, fue asesinado. Ya había denunciado amenazas por la cobertura que realizaba.
De manera inmediata, el gobierno federal explicó y transparentó que Carlos había abandonado por “voluntad” las medidas de seguridad que tuvo en el 2024, brindadas por la Ceapp, las cuales -hay que decirlo- para muchos resultaban insuficientes.
La historia debe servir para entender y mejorar el presente. En Veracruz no podemos volver a vivir un 2012 y no sólo es un tema de la Ceapp, sin quitarles la responsabilidad que les toca y que pareciera no han asumido con seriedad.
Es un problema que también continúa -como ocurre con los feminicidios- por los altos índices de impunidad.
La coordinación y colaboración institucional es primordial entre la federación, el estado, la fiscalía local, pero habría que involucrar también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Víctimas.
Y si los reporteros no perdieron la vida por su labor periodística y cobertura de sucesos policiacos, igual se debe investigar y esclarecer las causas; porque es un hecho que, periódicos, páginas electrónicas, noticieros de radio y televisión y creadores de contenido se siguen enfrentando a la disyuntiva de publicar o no estos hechos que se presentan en la entidad para evitar ser un blanco.
Twitter @ydlan
Transparencia3.0@hotmail.com
