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El programa de canje de placas en Veracruz sigue acumulando inconformidades y críticas, ahora por un factor que ha encendido el enojo ciudadano: la exigencia de comparecer ante notario para acreditar endosos de propiedad, un requisito que no solo complica el trámite, sino que incrementa de manera considerable el gasto para el contribuyente.

De acuerdo con testimonios recabados en distintas oficinas de Hacienda del Estado, los honorarios notariales por estos trámites oscilan entre los 2 mil 500 y hasta 3 mil pesos, una cifra que resulta desproporcionada para un procedimiento que, hasta hace poco, podía realizarse mediante documentos privados y endosos tradicionales plenamente reconocidos en la práctica administrativa.

La molestia crece al advertirse que “casualmente” ahora se exige la intervención notarial justo en el marco del canje de placas, obligando a miles de propietarios de vehículos usados —muchos adquiridos hace años— a desembolsar cantidades adicionales que no estaban contempladas y que se suman a los costos propios del reemplacamiento.

Para amplios sectores de la población, esta medida beneficia directamente a los notarios, quienes están recibiendo una avalancha de trámites derivados de una exigencia administrativa impuesta por la autoridad fiscal estatal. “Es un negocio redondo para unos cuantos y un golpe directo al bolsillo del ciudadano”, señalan contribuyentes afectados.

A este escenario se suma otro elemento que ha generado indignación: el programa de condonación anunciado por el Gobierno del Estado ha resultado, en los hechos, un fracaso. Aunque la gobernadora Rocío Nahle aseguró públicamente que el canje de placas no estaría condicionado a la verificación vehicular, en la práctica el sistema arroja cobros elevados y restricciones que contradicen el discurso oficial.

Usuarios denuncian que, al intentar realizar el trámite, los montos finales resultan excesivos, sin que exista una explicación clara ni una aplicación efectiva de los beneficios anunciados. Fallas en el sistema, criterios discrecionales entre oficinas y requisitos cambiantes han convertido el proceso en una experiencia caótica y costosa.

Así, lo que fue presentado como una medida de ordenamiento y apoyo al contribuyente, terminó convirtiéndose en un viacrucis administrativo, donde entre notarios, plataformas digitales ineficientes y lineamientos mal diseñados, el ciudadano vuelve a pagar los platos rotos de una política pública improvisada.

Mientras tanto, la pregunta queda en el aire: ¿quién se beneficia realmente del canje de placas en Veracruz? Porque para miles de veracruzanos, el saldo es claro: más trámites, más gastos y ninguna condonación real.