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Carlos Miguel Acosta Bravo*
Impronta
La versión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de que el ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano fue por “balas perdidas”, es inverosímil y ha sido rechazada por la evidencia y la opinión pública, que ven claramente un atentado directo, premeditado y con alto riesgo de homicidio contra los legisladores Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán.
El ataque ocurrió la tarde del 28 de enero de 2026, cuando los diputados locales de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, además de su escolta Gonzalo Quintero, iban en vehículo desde el Congreso de Sinaloa por la zona del malecón de Culiacán.
Sujetos armados dispararon intensamente contra el automóvil por ambos lados; los impactos de bala perforaron el vehículo y heridos a los tres ocupantes, por lo que fueron trasladados de urgencia a hospitales de la ciudad.
El diputado Sergio Torres permanece en estado grave en terapia intensiva, con pronóstico delicado tras una cirugía de emergencia. La diputada Elizabeth Montoya fue sometida a operaciones de carácter reconstructivo y, según reportes posteriores, perdió un ojo debido a las lesiones que sufrió en el ataque. Su escolta quedó herido, pero se reporta estable.
Movimiento Ciudadano y el Gabinete de Seguridad federal han calificado los hechos como un atentado (ataque armado) con intento de homicidio, no como un incidente de armas traqueteadas o balas perdidas.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en declaraciones iniciales, afirmó que el incidente se debió a “balas perdidas”, lo que ha sido criticado ampliamente como una minimización de un atentado de características muy graves.
Esta versión no concuerda con la secuencia de los hechos: el ataque fue dirigido, con múltiples disparos al carro del diputado al salir del Congreso, en un contexto de fuerte tensión entre grupos criminales en Culiacán y de una ola de violencia contra servidores públicos en el estado.
En conclusión el atentado contra los diputados de MC debe entenderse como un ataque directo al Poder Legislativo local y a la actividad política en Sinaloa, un estado ya sumido en una grave crisis de seguridad y violencia estructural.
La expresión de Rocha de “balas perdidas” debilita la credibilidad de la autoridad estatal y transmite una percepción de impunidad y normalización de la violencia contra funcionarios, lo que profundiza la sensación de miedo y desconfianza entre la población y entre los mismos gobernantes. El hecho además cuestiona y pone en duda el operativo de la guardia nacional en territorio de Sinaloa.
Hasta ahora no se ha detenido a los responsables, pero tanto el Gabinete de Seguridad federal como la Fiscalía de Sinaloa han señalado que se investiga como un atentado serializado, con operativo de búsqueda y apoyo técnico (cámaras de videovigilancia, vehículo relacionado), y aseguran que el caso no quedará impune.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
