Ana Rosa Valdés Salazar
En mi opinión
Las autoridades del transporte público en el Estado no aprendieron la lección que les dio el año pasado el intento de modificar tarifas al servicio público de taxis, cuando debieron dar marcha atrás ante la movilización de los prestadores del servicio y mejor dejar las cosas como estaban.
Ahora, la titular del Ejecutivo del Estado, sin la debida asesoría de sus colaboradores, autorizó un incremento en el costo del pasaje del servicio urbano en Xalapa con un porcentaje excesivo, 33 por ciento, muy alejado del que se aplicó en el aumento a los salarios.
La decisión fue tan sorpresiva que los usuarios tardaron un poco en reaccionar y organizarse, pero ya se manifestaron y anuncian más movilizaciones contra lo que consideran un duro golpe a su economía, en plena cuesta de enero que, aunque ya terminó ese mes, sigue exigiendo pagos de inicio de año, que muchas familias todavía no terminan de cubrir.
Lo grave es que a la gobernadora Rocío Nahle ningún colaborador medianamente informado le recordó oportunamente que el artículo 139 de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado dispone que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, fijará, revisará y, en su caso, modificará las tarifas conforme a las cuales se prestará el servicio de transporte público de pasajeros, mediante un estudio técnico que hasta el momento no se ha hecho.
Aun más grave que la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección General de Transporte, autoridades competentes en la materia, no previeran y tomaran las medidas necesarias para evitar que el aumento de tarifas en Xalapa abriera la caja de Pandora en el resto del Estado, como sucedió, ya que los concesionarios de inmediato empezaron a incrementar precios sin control alguno y con porcentajes mucho más elevados.
No es la primera vez que esa Secretaría se ve lenta e incompetente cuando le estalla un problema.
Algo, o alguien, anda muy mal en esa Secretaría, pero muy mal… y desde el principio de esta administración.
