NdelaR
Desde el inicio del actual gobierno estatal, Veracruz se ha convertido en un campo minado para los contribuyentes.
Trámites que antes eran engorrosos hoy son abiertamente caóticos, costosos y, en muchos casos, jurídicamente cuestionables.
Las quejas no provienen de una sola fuente: se acumulan en redes sociales, páginas de denuncia ciudadana, medios digitales y testimonios directos de ciudadanos que han enfrentado un sistema recaudatorio desordenado, contradictorio y, por momentos, absurdo.
El caso más emblemático —y el que ha detonado mayor inconformidad— es el programa de canje de placas vehiculares, convertido en un símbolo del fracaso administrativo de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
CANJE DE PLACAS: FILAS, REQUISITOS CAMBIANTES Y CRITERIOS ARBITRARIOS
Lo que se anunció como un trámite de regularización terminó siendo una pesadilla fiscal.
Contribuyentes reportan de manera reiterada:
Incremento injustificado de requisitos, muchos de ellos no previstos en la normatividad.
Costos excesivos, muy por encima de los de otras entidades federativas.
Exigencia de endoso notariado, aun cuando el marco administrativo permite otras formas de acreditación de propiedad.
Solicitud obligatoria de factura electrónica (CFDI) para vehículos antiguos, un requisito materialmente imposible para miles de personas.
Eliminación de la carta poder, figura plenamente válida en derecho administrativo, obligando a traslados personales o a gastos adicionales innecesarios.
Desde el punto de vista jurídico-fiscal, estas prácticas vulneran principios básicos como la seguridad jurídica, la proporcionalidad tributaria y el derecho a un trámite administrativo razonable.
En los hechos, se exige al contribuyente más de lo que la ley establece y más de lo que la lógica administrativa permite.
OFICINAS VACÍAS: EL SÍNTOMA MÁS CLARO DEL COLAPSO
Hoy, el escenario es revelador: oficinas de Hacienda estatal visiblemente vacías.
No es eficiencia. Es deserción fiscal.
La ciudadanía dejó de acudir porque:
El trámite es caro.
Los requisitos cambian constantemente.
El nuevo personal no está debidamente capacitado.
Criminalizaron al personal existente y lo quitaron de procesos clave.
No existen criterios claros ni respuestas homogéneas.
Los sistemas digitales son deficientes o inexistentes.
Este fenómeno confirma en los hechos una narrativa atribuida al propio director de Recaudación: Es por todos conocidos en la SEFIPLAN que Israel Octavio Caballero de la Rosa ha pronunciado a gritos una frase:
«A mí no me importa la recaudación».
Nos queda claro que la recaudación no es su prioridad, como tampoco lo es los procesos dentro de las Oficinas de Hacienda y los procesos en materia de Control Vehicular, pero ues que va a saber una persona que nunca ha tenido auto, como va a conocer el sufrimiento que se vive al ir a pagar, formar para un trámite vehicular o y. Canje de placas o tramitar por horas una fila para una licencia o verificación vehicular, y sobre todo que en la actualidad un vehículo es un patrimonio costoso por dónde lo vean.
«Si no siquiera tiene nociones de ello, pues le será fácil inventar requisitos, endosos notariados, costos elevados y trámites complejos y enredados»
Si el ciudadano no acude, si se vuelve imposible regularizarse y si el cumplimiento voluntario se castiga con obstáculos, el mensaje institucional es claro: no importa recaudar, importa imponer.
NOTARÍAS LLENAS: EL COSTO OCULTO DEL REQUISITO SIN SENTIDO
Mientras las oficinas de Hacienda lucen vacías, las notarías públicas presentan el escenario opuesto: saturación constante de contribuyentes obligados a pagar endosos notariados innecesarios, con costos elevados no previstos y completamente ajenos a la naturaleza de un trámite fiscal.
La exigencia del endoso notariado no ha generado mayor certeza jurídica ni mejor control administrativo; por el contrario, ha trasladado el problema al ciudadano, imponiéndole un gasto privado forzado para cumplir con un criterio burocrático cambiante.
En términos prácticos, el Estado renunció a facilitar el trámite y empujó al contribuyente a resolver lo que la autoridad no puede organizar.
Desde una óptica fiscal y constitucional, este fenómeno es especialmente grave:
No mejora la recaudación.
No fortalece la legalidad.
No combate la evasión.
Solo encarece el cumplimiento, castiga al contribuyente cumplido y alimenta la percepción de un sistema desordenado e improvisado.
MÁS OFICINAS NO CORRIGEN UN SISTEMA ROTO
El intento del gobierno estatal por abrir nuevas sedes recaudatorias, particularmente en Xalapa, es una medida superficial.
El problema no es el número de edificios, sino:
Falta de infraestructura tecnológica.
Sistemas obsoletos.
Personal insuficientemente capacitado y peor aún, mejor pagado que el personal Sindicalizado con décadas de experiencia.
Ausencia de lineamientos claros.
Cambios constantes de criterios internos.
Abrir más oficinas para operar mal no soluciona nada; únicamente multiplica el error.
COMPARACIÓN INCÓMODA:
VERACRUZ CONTRA EL RESTO DEL PAÍS
Mientras Veracruz endurece requisitos y eleva costos, otras entidades federativas simplifican, digitalizan y facilitan el cumplimiento fiscal.
«Copiar no es innovación, si bien es cierto varios estados de la república emanados de Morena, tienen sistemas digitales para dichos procesos, el umbral de distancia es abrumador; copiar y pegar no le está funcionando a la SEFIPLAN, y esto refleja una gravísima falta de planeación que la Gobernadora deberá de revisar con él Secretario de Finanzas, pues como dice la famosa frase mexicana que hace alusión a Los Beverly de Peralvillo, «Se aventaron como El Borras», y ahora ahí están los resultados.
Por actuar de manera impulsiva, precipitada, sin planear o sin medir las consecuencias de las decisiones.
Lo que en otros Estados se resuelve en minutos, en Veracruz implica semanas de trámites, gastos adicionales y frustración.
El impacto no es menor: afecta a trabajadores, comerciantes, transportistas y familias enteras que dependen de un vehículo para subsistir.
El costo político es evidente:
Enojo social acumulado y pérdida de confianza institucional.
El fracaso está a la vista, literalmente:
Afuera; las oficinas de Hacienda vacías y, a unos pasos, la notaría llena a la vuelta de la esquina.
El ejemplo es claro y cotidiano: la Oficina de Hacienda Xalapa Norte, junto al edificio Hakim.
Un edificio público sin contribuyentes y, al lado, ciudadanos pagando de su bolsillo un requisito absurdo que el propio sistema fiscal les impuso.
Ese contraste resume el modelo recaudatorio del actual gobierno:
Un Estado que no recauda, pero sí estorba; que no facilita, pero sí encarece; que no ordena, pero sí obliga.
Y cuando el ciudadano entiende que cumplir es un castigo, el colapso deja de ser técnico y se convierte en político.
