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NdelaR
La política de emplacamiento y control vehicular impulsada por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) se ha convertido en uno de los mayores focos de inconformidad social en el estado. Lejos de representar orden, modernización o eficiencia recaudatoria, el proceso ha derivado en caos administrativo, saturación de oficinas, trámites engorrosos, costos elevados y una narrativa oficial que criminaliza al ciudadano organizado y al gestor, mientras el aparato institucional demuestra no estar preparado para la carga que él mismo impuso.
Desde hace semanas, las oficinas de Hacienda en distintas regiones del estado se encuentran rebasadas. Filas interminables desde la madrugada, citas inexistentes, personal insuficiente y procesos cambiantes han generado un clima de desesperación entre los contribuyentes. Adultos mayores, amas de casa, trabajadores y personas con discapacidad son obligados a perder uno, dos o hasta tres días completos para realizar un trámite que antes podía resolverse en horas o mediante representación legal.
Ante la creciente inconformidad ciudadana, la diputada local por Movimiento Ciudadano, Elena Córdova, lanzó un llamado directo al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes, para que implemente medidas urgentes que mejoren el servicio tanto en las oficinas físicas como en las plataformas digitales de la dependencia.
Durante una sesión permanente del Congreso local, Córdoba cuestionó abiertamente el desorden en la atención al público, señalando que el problema no solo se vive en ventanilla, sino también en la llamada Oficina Virtual de Hacienda, que lejos de agilizar trámites, se ha convertido en otro factor de frustración para los contribuyentes. El señalamiento legislativo confirma que el malestar social ya escaló al ámbito institucional y político, desmintiendo cualquier intento de minimizarlo como una simple molestia aislada.
A este escenario se suma una de las decisiones más polémicas: la eliminación o rechazo sistemático de trámites realizados mediante carta poder, figura plenamente válida en el derecho administrativo y civil mexicano, que durante años permitió a miles de personas delegar sus gestiones vehiculares en terceros de confianza.
LA CARTA PODER Y LA GESTORÍA: DE HERRAMIENTA CIUDADANA A ENEMIGO POLÍTICO
La carta poder no es un privilegio ni un atajo ilegal. Es un instrumento jurídico legítimo que permite a una persona autorizar a otra para realizar trámites en su nombre. Gracias a esta figura, trabajadores con horarios rígidos, adultos mayores, personas enfermas o con movilidad limitada podían cumplir con sus obligaciones fiscales sin sacrificar jornadas laborales ni su salud.
Sin embargo, se ha optado por satanizar la gestoría, promoviendo desde redes sociales oficiales y canales institucionales un discurso que presenta al gestor como un intermediario indeseable, corrupto o abusivo. Se invita a “no contratar gestores”, a “denunciarlos” y a asumir que todo trámite debe hacerse de manera personal, ignorando deliberadamente la realidad social y económica de la mayoría de los contribuyentes.
Esta narrativa no solo es injusta, sino profundamente contradictoria: el problema no era la gestoría, sino la incapacidad del Estado para ofrecer trámites simples, rápidos y accesibles. En lugar de corregir sus deficiencias, el gobierno ha decidido eliminar al facilitador y trasladar toda la carga burocrática directamente al ciudadano.
TRÁMITES MÁS CAROS, MÁS LENTOS Y MÁS COMPLICADOS
El emplacamiento en Veracruz no solo es caótico, también es costoso. Los montos establecidos representan una carga considerable para familias trabajadoras, sobre todo cuando se suman recargos, requisitos adicionales y traslados forzados a oficinas saturadas.
A esto se agregan procesos mal comunicados, cambios constantes en requisitos, revisiones físicas, validaciones de REPUVE y comprobaciones que no siempre están claramente explicadas, lo que genera rechazos, vueltas innecesarias y una sensación generalizada de arbitrariedad administrativa.
Lejos de incentivar el cumplimiento fiscal voluntario, estas políticas desalientan, castigan y desgastan al contribuyente, erosionando la confianza en la autoridad hacendaria estatal.
LA GRAN FARSA: LA OFICINA VIRTUAL DE HACIENDA (OVH)
Para justificar estas medidas restrictivas, el gobierno estatal ha promovido el uso del sistema de citas digitales a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), presentado como emblema de innovación, modernización y transformación digital.
La realidad, otra vez, contradice el discurso oficial.
El sistema de citas de la OVH permanece de manera recurrente y permanente saturado. Los usuarios se encuentran con mensajes de “no hay disponibilidad”, “intente más tarde” o con bloqueos que impiden avanzar. En los hechos, no se puede obtener cita, pero tampoco se permite acudir libremente a ventanilla, dejando al ciudadano atrapado en un limbo administrativo creado por la propia autoridad.
Esto no es innovación.
Esto no es modernización.
Esto es mala planeación, falta de infraestructura tecnológica y desconocimiento total de la demanda real de trámites.
Digitalizar sin capacidad operativa no es eficiencia, es exclusión. Especialmente para adultos mayores y personas con escasa alfabetización digital, el sistema se convierte en una barrera más, no en una solución.
CUANDO EL ESTADO FALLA, CULPA AL CIUDADANO
Desde una perspectiva jurídica y de política pública, la estrategia del gobierno de Veracruz es profundamente cuestionable. Se cancelan mecanismos funcionales como la carta poder, se elimina la gestoría, se obliga a usar plataformas inoperantes y, al mismo tiempo, se culpa implícitamente al ciudadano por no adaptarse a un sistema que no funciona.
El Estado tiene derecho a recaudar, a ordenar y a modernizar.
Pero también tiene la obligación de garantizar accesibilidad, proporcionalidad, legalidad y trato digno.
Nada de eso está ocurriendo hoy.
NO ES CONTROL, ES IMPROVISACIÓN
La narrativa oficial habla de orden y combate a malas prácticas. La realidad muestra improvisación, colapso administrativo y una política fiscal desconectada de la vida cotidiana de los veracruzanos.
Eliminar la carta poder, demonizar a los gestores y obligar al uso de una plataforma digital saturada no resuelve el problema, solo lo agrava.
Hoy, en Veracruz, el problema no es el gestor.
No es el contribuyente.
No es la carta poder.
El problema es un gobierno que impone trámites caros, engorrosos y mal diseñados, sin la capacidad operativa para sostenerlos.
Y el fracaso, una vez más, está a la vista.
