Mara I. Cruz Pastrana
Por décadas, cuando las mujeres exigimos espacios en la política, la respuesta fue condescendiente: “no están preparadas”, “no hay suficientes perfiles”, “primero que hagan carrera”, “que esperen su turno”. Después vino otra narrativa más sofisticada pero igual de excluyente: “sí, pero que sea por mérito, no por cuota”.
La palabra cuota se convirtió en una forma elegante de minimizar derechos. Se utilizó para insinuar que las mujeres llegábamos por concesión y no por capacidad. Como si durante siglos los hombres hubieran accedido al poder únicamente por mérito y no por pertenencia a una estructura que históricamente los privilegió.
Hoy la Constitución mexicana reconoce la paridad en todo. Ya no hablamos de buena voluntad partidista, sino de obligación legal. Sin embargo, la discusión no terminó con la reforma constitucional. Apenas comenzó.
Porque la paridad no es un favor. No es una concesión. Y, sobre todo, no es una cuota. Es poder.
Y ahí es donde comienzan las resistencias. La incomodidad del poder compartido
El poder político en México -como en casi todo el mundo- se construyó bajo reglas masculinas. Redes informales de decisión, pactos de élite, lealtades verticales, financiamiento opaco, negociación nocturna, acuerdos cerrados entre pocos. Durante décadas, la política fue un espacio diseñado por y para hombres.
Cuando las mujeres irrumpen en ese espacio en igualdad numérica, no solo ocupan una silla: alteran la lógica del juego. Y eso incomoda.
No incomoda la presencia simbólica. No incomoda la mujer decorativa en el presídium. No incomoda la candidata que no cuestiona estructuras. Lo que incomoda es la mujer que decide. La que vota distinto. La que exige presupuesto con perspectiva de género. La que denuncia corrupción. La que no acepta la línea.
La paridad dejó de ser un tema estadístico para convertirse en una disputa real por la redistribución del poder. De la simulación a la violencia.
Al principio, la resistencia fue burda. Recordamos los casos de las llamadas “Juanitas”: mujeres electas que renunciaban para que su suplente hombre asumiera el cargo. Era una paridad simulada. Después vino la sofisticación. Las candidaturas se cumplían en número, pero no en competitividad. Distritos perdidos para mujeres, distritos ganables para hombres. Listas plurinominales estratégicamente diseñadas para mantener el control masculino real.
Cuando la simulación ya no fue posible, emergió otro mecanismo: la violencia política de género.
Desprestigio mediático. Campañas digitales coordinadas. Rumores sobre vida personal. Ataques a la maternidad. Cuestionamientos a la capacidad profesional. Aislamiento institucional. Bloqueo presupuestal. Invisibilización en decisiones clave. La violencia política no siempre grita. A veces susurra. A veces opera en reuniones privadas. A veces se traduce en no convocar, no informar, no respaldar. Pero su objetivo es claro: inhibir el ejercicio del poder.
Paridad formal vs. paridad sustantiva
México es referente internacional en diseño normativo de paridad. Pero el reto ya no es llegar; es gobernar. La paridad formal garantiza números. La paridad sustantiva garantiza condiciones.
¿De qué sirve que una mujer presida un municipio si le retienen recursos?
¿De qué sirve que una diputada impulse una agenda si es sistemáticamente bloqueada por su propia bancada?
¿De qué sirve ocupar un escaño si cada decisión viene acompañada de amenazas digitales?
El patriarcado político entendió algo fundamental: no puede frenar la paridad constitucional, pero puede desgastar a las mujeres que la encarnan. La estrategia ya no es impedir el acceso, sino hacer que el costo de ejercer el poder sea tan alto que desincentive la participación futura.
Uno de los argumentos más repetidos contra la paridad es el del mérito. Se afirma que la igualdad numérica “baja la calidad” de la representación. Pero rara vez se sometió al mismo escrutinio el acceso masculino histórico. Nunca se cuestionó si todos los hombres que gobernaron estaban ahí por mérito. Nunca se exigió un examen público para validar su capacidad. El mérito, curiosamente, se volvió exigencia cuando las mujeres comenzaron a disputar espacios. La paridad no elimina el mérito; lo redistribuye. Amplía el universo de talento político que antes estaba sistemáticamente excluido.
El verdadero temor no es la falta de capacidad. Es la pérdida del monopolio.
Violencia política digital: el nuevo campo de batalla. Las redes sociales se han convertido en uno de los principales escenarios de violencia política contra las mujeres. No es casualidad. En el espacio digital, el ataque es masivo, anónimo y replicable. Se sexualiza, se cosifica, se amenaza. Se viraliza información falsa. Se fabrican narrativas que buscan erosionar credibilidad. El mensaje es doble: castigar a quien alza la voz y advertir a quienes estén pensando hacerlo. La violencia digital no es superficial. Tiene impactos reales en la salud mental, en la seguridad y en la permanencia en el cargo. Y aún enfrentamos desafíos institucionales para sancionarla con eficacia.
La paridad no puede reducirse a cumplir listas. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de garantizar formación, financiamiento equitativo, respaldo institucional y mecanismos internos de denuncia. No basta con postular mujeres. Hay que sostenerlas.
La resistencia patriarcal también opera dentro de estructuras partidistas que reproducen jerarquías tradicionales. Si la paridad es constitucional, debe ser cultural dentro de los partidos.
Las reformas legales son indispensables, pero insuficientes. El poder también es simbólico. Durante décadas, la imagen del liderazgo estuvo asociada a rasgos masculinizados: firmeza confundida con autoritarismo, negociación entendida como imposición, carácter asociado a dureza. Cuando una mujer ejerce liderazgo firme, es calificada de agresiva. Cuando negocia, es débil. Cuando concilia, es manipulable. Cuando denuncia, es conflictiva.
Las mujeres en política enfrentan un doble estándar permanente. La paridad cuestiona no solo quién ocupa el poder, sino cómo se concibe el liderazgo.
No es cuota, es democracia. La democracia no se agota en votar. Se construye garantizando representación plural y condiciones equitativas. Las mujeres somos más de la mitad de la población. No es lógico, ni democrático, ni justo que históricamente hayamos sido minoría en la toma de decisiones.
La paridad no es privilegio; es corrección histórica. Y cada avance genera reacción. La resistencia patriarcal frente a la paridad no es señal de fracaso. Es evidencia de que el cambio es real.
El siguiente paso: redes y sororidad política. Ante las resistencias, la respuesta no puede ser individual. Las mujeres que ejercen poder necesitan redes de acompañamiento, formación jurídica, respaldo institucional y alianzas estratégicas. La sororidad no es solo un concepto ético; es una herramienta política. Compartir experiencias, visibilizar casos de violencia, impulsar reformas, exigir cumplimiento de sentencias, acompañar denuncias: todo forma parte de una estrategia colectiva para consolidar la paridad sustantiva.
La paridad no busca sustituir un monopolio masculino por uno femenino. Busca democratizar el poder. El verdadero miedo no es a la cuota. Es a la transformación. Porque cuando las mujeres ejercen poder con autonomía, cambian prioridades: presupuestos con perspectiva de género, políticas públicas de cuidado, agendas contra la violencia, inclusión de diversidades, transparencia en decisiones. El poder compartido transforma la agenda pública.
Por eso la paridad enfrenta resistencias. Porque no es simbólica. Porque no es decorativa. Porque no es cuota. Es poder. Y el poder, cuando se redistribuye, nunca se entrega sin resistencia.
La pregunta ya no es si la paridad llegó para quedarse. La pregunta es si estamos dispuestas -y dispuestos- a garantizar que ese poder pueda ejercerse sin violencia.
Porque la democracia plena no se mide solo en números. Se mide en libertad para decidir. Y esa libertad, hoy, sigue siendo una disputa política.
