Isabel Ortega
El diputado local del Partido Acción Nacional, Fernando Yunes Márquez, consideró que el Gobierno del Estado no debería operar directamente el servicio de transporte público en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, al advertir que ello representa una competencia desleal para los permisionarios.
En entrevista, el legislador reconoció que la prestación del servicio por parte del Estado, con unidades nuevas y una tarifa más alta, coloca en desventaja a los concesionarios que desde hace años se dedican al traslado de usuarios.
“No es un servicio que el Gobierno del Estado deba dar. Me parece que, incluso, operativamente será sumamente complejo realizar un servicio que tiene que ver con el día a día, con reparaciones y cobros. Creo que habría sido mucho mejor que se hubieran puesto de acuerdo”, expresó.
Recordó que el pasado 30 de enero, permisionarios del transporte público de la zona conurbada realizaron un paro de labores como medida de protesta para exigir un ajuste a la tarifa, luego de que se autorizara un incremento en Xalapa.
Tras la suspensión del servicio, los concesionarios —quienes habían aceptado adquirir nuevas unidades— determinaron devolverlas al Estado. Ante este escenario, la gobernadora Rocío Nahle García emitió un decreto mediante el cual se estableció que el Gobierno estatal asumiría la prestación del servicio de transporte público en la región.
En ese contexto, Yunes Márquez sostuvo que lo más adecuado sería actualizar la tarifa de manera general, de modo que aplique tanto para los permisionarios como para las unidades operadas por el Estado.
“Si va a haber una competencia con los permisionarios, lo lógico y lo justo sería que se pagara igual. Ya sea que la tarifa se quede como está o que suba, tendría que ser parejo para todos”, subrayó.
El diputado panista consideró que no es viable que, ante cada problema, el Estado cree nuevos organismos para asumir responsabilidades, pues la operación y administración gubernamental ya es suficientemente compleja.
Finalmente, advirtió que existe la posibilidad de que los transportistas recurran al amparo legal si se mantiene la negativa de aumentar la tarifa para los concesionarios, mientras que las unidades estatales operan con un costo más elevado
