Jorge Viveros Pasquel
Desde su surgimiento hace aproximadamente quince años y su posterior expansión, el CJNG ha dejado de responder exclusivamente a la lógica del narcotráfico para transformarse en un sistema de control económico territorial multidimensional. Esta organización criminal ha consolidado su presencia en sectores productivos estratégicos, ha penetrado estructuras de gobiernos municipales y ha intervenido circuitos fiscales vinculados al comercio energético, también conocido como huachicol y más recientemente huachicol fiscal.
Este proceso ha generado una arquitectura de poder que articula control de recursos naturales, apropiación de rentas productivas y captura de flujos financieros públicos y privados. El fenómeno puede observarse con claridad en la apropiación de territorios mineros, la captura presupuestal local, el sometimiento económico de regiones agropecuarias, la extorsión sistemática de comercios urbanos y la manipulación de esquemas fiscales de combustibles en puertos comerciales.
Investigaciones de la Environmental Investigation Agency han documentado que el CJNG ha pasado de cobrar rentas de protección en zonas mineras a ejercer control operativo directo sobre unidades de extracción. En regiones como la Sierra Gorda de Querétaro se han identificado grandes complejos mineros bajo vigilancia armada permanente, con infraestructura defensiva y control de accesos que impide el ingreso sin autorización del grupo. Este tipo de presencia equivale a control territorial funcional sobre enclaves productivos y el objetivo económico no es únicamente local, el dominio de la extracción de mercurio y cinabrio se integra a circuitos internacionales de minería ilegal de oro en Sudamérica. Investigaciones ambientales internacionales han estimado el movimiento de cientos de toneladas de mercurio mexicano hacia mercados clandestinos transnacionales en los últimos años, volumen suficiente para sostener cadenas productivas ilegales con valor económico de miles de millones de dólares. El incremento sostenido del precio internacional de metales preciosos ha reforzado el atractivo estratégico de estas regiones. La minería en México presenta niveles de cooptación altos con reportes empresariales que indican que prácticamente la totalidad de las compañías del sector ha enfrentado extorsión, coacción o intervención directa en sus operaciones.
El control territorial se complementa con el control institucional. Investigaciones de la Fiscalía General de la República han documentado esquemas de colusión entre autoridades municipales y el CJNG que implican transferencia de recursos públicos, uso de cuerpos policiales como fuerza operativa del grupo y asignación de contratos o decisiones administrativas favorables. El interés estratégico en los gobiernos locales ha sido confirmado por estudios académicos sobre violencia política que muestran que la intervención de este grupo del crimen organizado en procesos electorales municipales tiene como objetivo principal el acceso al presupuesto público. El control del gobierno local permite influir en la obra pública, licitaciones, asignación de servicios, regulación de comercios y distribución de recursos federales. Desde el punto de vista económico, estudios sobre crimen organizado estiman que el impacto de estas dinámicas supera decenas de miles de millones de dólares anuales, una magnitud comparable con programas federales completos de inversión pública. La captura presupuestal convierte al municipio en fuente de financiamiento estable, legitimación política y cobertura institucional.
La expansión territorial del CJNG también ha alcanzado el núcleo productivo del campo mexicano, en múltiples regiones agrícolas y ganaderas han establecido sistemas permanentes de cobro extorsivo por derecho de producción, comercialización o circulación de mercancías. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas elaborada por el INEGI muestran que la extorsión es uno de los delitos de mayor incidencia en áreas rurales y agroindustriales y las pérdidas económicas por extorsión en México se estiman en decenas de miles de millones de pesos anuales, con concentración significativa en estados con fuerte producción agrícola y presencia de organizaciones criminales.
En diversas zonas productoras de aguacate, limón, ganado bovino, caña de azúcar y granos básicos se ha documentado la imposición de tarifas por hectárea sembrada, por tonelada transportada o por cabeza de ganado movilizada lo que altera los precios naturales del mercado. El control del sector agropecuario tiene implicaciones estratégicas profundas pues permite ingresos constantes, control territorial extendido en zonas rurales de difícil acceso estatal y capacidad de presión social sobre comunidades enteras cuya economía depende de la producción agrícola.
De forma paralela, uno de los mecanismos de crecimiento económico más visibles en la última década ha sido la expansión de esquemas de extorsión en ciudades medianas y grandes, dirigidos a comercios formales e informales. Este fenómeno desplaza parcialmente la dependencia de economías clandestinas hacia la apropiación directa de rentas urbanas legales; restaurantes, transportistas, centros nocturnos, comercios minoristas y cadenas locales de servicios han sido incorporados a sistemas permanentes de cobro que operan como impuestos criminales territoriales. La extorsión urbana cumple funciones estratégicas específicas pues además de generar un flujo constante de liquidez en efectivo, permite control territorial sobre corredores comerciales densamente poblados, produce mecanismos de inteligencia local mediante vigilancia informal de comerciantes y facilita la normalización social de la presencia criminal como autoridad reguladora de facto de la actividad económica cotidiana,
Por otro lado, la dimensión más sofisticada del avance económico del CJNG se observa en la manipulación de esquemas fiscales vinculados al comercio de combustibles en puertos marítimos. Algunas investigaciones federales y estimaciones del Servicio de Administración Tributaria señalan que el contrabando de combustibles mediante esquemas fraudulentos o importación irregular genera pérdidas fiscales que superan ampliamente los cien mil millones de pesos anuales. Puertos estratégicos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas han sido identificados por autoridades federales como puntos muy importantes en esquemas de importación irregular de hidrocarburos y precursores energéticos. El control criminal de autoridades aduanales, operadores logísticos, transportistas y agencias aduanales permite introducir combustibles sin el pago completo de impuestos o mediante documentación falsificada. Este fenómeno no corresponde al robo físico de ductos tradicionalmente asociado al huachicol, sino a una modalidad en la que los delincuentes obtienen beneficios mediante evasión tributaria estructurada y control de cadenas logísticas portuarias.
La característica del avance estratégico del CJNG no es la expansión aislada en distintos sectores, sino la articulación de todos ellos en un modelo económico territorial integrado. El control minero genera acceso directo a recursos naturales de alto valor global, la captura de presupuestos municipales proporciona financiamiento institucional y protección política, la extorsión agropecuaria asegura ingresos constantes y control social en regiones rurales, la extorsión urbana permite apropiación sistemática de rentas comerciales y el huachicol fiscal en puertos permite apropiación de rentas estatales vinculadas al comercio energético internacional. La interacción de estos mecanismos genera control productivo, dominio fiscal y captura institucional.
En el caso de Veracruz su relevancia geoestratégica radica en la convergencia de corredores energéticos, actividad agropecuaria intensiva, infraestructura portuaria y alta fragmentación municipal. En el plano agropecuario, diversas regiones citrícolas, cañeras y ganaderas del estado han experimentado esquemas de extorsión sobre producción, transporte y comercialización, lo que ha generado distorsiones y aumento de precios locales, abandono de actividades productivas y el desplazamiento de trabajadores del campo hacia otras regiones del estado o del país.
En el ámbito energético, la presencia de infraestructura petrolera y rutas de distribución de combustibles en el sur de la entidad convierten al estado en espacio propicio para esquemas de rentas ilegales vinculadas al comercio de hidrocarburos. La cercanía al Puerto de Veracruz amplía el potencial de inserción en redes de comercio internacional, tanto legales como ilícitas, particularmente en esquemas de manipulación documental y fiscal vinculados a importaciones. En el plano institucional, la alta fragmentación municipal y la desigual capacidad administrativa local generan condiciones propicias para la penetración presupuestal indirecta, especialmente en regiones con limitada presencia estatal efectiva. La presión criminal sobre autoridades locales combinada con economías rurales produce entornos donde estos grupos consolidan bases de operación territorial. Veracruz representa así un espacio donde confluyen los distintos mecanismos de control económico territorial que caracterizan la evolución estructural del fenómeno criminal.
El análisis del modelo económico territorial descrito permite comprender que la fortaleza estructural de la organización no depende exclusivamente del liderazgo personal de su dirigente histórico. Por lo que confirmada su neutralización, el impacto inmediato sería simbólico en términos de cohesión interna, pero no necesariamente implicaría la desarticulación automática de los sistemas económicos que sostienen su poder territorial. Las economías extractivas controladas, los esquemas de captura presupuestal, los sistemas de extorsión rural y urbana y las redes de evasión fiscal portuaria constituyen estructuras que funcionan mediante redes locales, operadores regionales y mecanismos financieros descentralizados.
Por lo anterior, se puede prever que, en organizaciones criminales con alto grado de diversificación económica, la eliminación del liderazgo puede generar altos niveles de violencia por reacomodos internos, fragmentaciones regionales o disputas sucesorias, pero el factor verdaderamente determinante para su debilitamiento no es el abatimiento de un líder sino la capacidad de los tres niveles de gobierno para recuperar control territorial efectivo sobre las economías productivas, los circuitos fiscales y los gobiernos locales. Incluso ante escenarios de cambio o desaparición del liderazgo histórico, el desafío estructural permanecerá mientras subsistan las condiciones económicas, institucionales y territoriales que permiten la reproducción de estas formas de gobernanza criminal paralela.
