Isabel Ortega
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconvino a la fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, por negarse a aceptar una recomendación relacionada con la desaparición forzada de cinco personas ocurrida en 2013 en el municipio de Atoyac.
A través de un comunicado difundido este 11 de marzo, el organismo nacional informó que conminó a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) a aceptar la Recomendación 40/2024, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH) y dirigida a la entonces fiscal Verónica Hernández Giadáns.
Dicha recomendación se originó por la desaparición forzada de cinco personas, presuntamente cometida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como por la falta de debida diligencia de la Fiscalía estatal en la investigación de los hechos.
De acuerdo con el expediente, el 2 de agosto de 2013, entre las 18:00 y 19:30 horas, se implementó un operativo policiaco en una comunidad de Atoyac, en la zona centro del estado, encabezado por la policía estatal, a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad en el gobierno de Javier Duarte (2010-2016). Durante la movilización, policías detuvieron a varias personas que se encontraban al interior de un bar y en negocios cercanos.
La investigación de la CEDH vinculó ese operativo con la desaparición de cinco personas y determinó que existen al menos 40 víctimas indirectas derivadas de estos hechos. Asimismo, se acreditó que la Fiscalía General del Estado fue omisa en dar seguimiento a las carpetas de investigación iniciadas por el caso.
El nuevo llamado de la CNDH forma parte de la Recomendación 4/2026, mediante la cual el organismo nacional revisó la negativa de la Fiscalía veracruzana a aceptar la recomendación emitida por la CEDH.
Mientras la Secretaría de Seguridad Pública aceptó el pronunciamiento del organismo estatal, la Fiscalía se negó a hacerlo, lo que derivó en que cuatro víctimas presentaran un recurso de impugnación ante la CNDH.
Tras analizar el caso, el organismo nacional acreditó violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia y a una vida libre de violencia institucional en agravio de 36 víctimas indirectas, además de la vulneración del derecho a ser buscado en perjuicio de las cinco víctimas directas de desaparición.
En su resolución, la CNDH advirtió que la postura de la Fiscalía afecta el sistema de protección de derechos humanos.
“La negativa de aceptación de la recomendación emitida por la CEDH afecta la eficacia del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos”, señala el documento difundido por el organismo nacional.
Asimismo, indicó que la respuesta de la Fiscalía no detalló las diligencias realizadas ni justificó adecuadamente su rechazo.
“Los argumentos para rechazar la Recomendación 40/2024 no son congruentes con el principio pro persona, que consiste en garantizar la protección más amplia para los derechos humanos”, puntualizó la Comisión.
La CNDH también concluyó que al no aceptar la recomendación se obstaculiza la reparación integral del daño a las víctimas, ya que la Fiscalía debió emprender de manera inmediata acciones de búsqueda, así como diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales en los casos de desaparición denunciados.
