Naldy Rodríguez
Transparencia 3.0
El Plan B electoral apuesta por la reducción de presupuestos y altos salarios de la burocracia, desde el nivel de gobierno inferior, los ayuntamientos, pasando por los congresos y las instituciones que organizan los comicios y dirimen sus controversias.
Luego del rechazo de la primera propuesta de reforma en materia electoral -que entre otras medidas buscaba reducir el financiamiento a partidos políticos, eliminar las plurinominales en el Senado de la República y cambiar la forma de designar a los diputados federales de representación proporcional- la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República el “Plan B” para que pueda ser sometido al análisis y discusión.
Considera reformar los artículos 35, 115, 116 y 135 de la Constitución Política de México para fortalecer la figura de revocación del mandato, ajustar el presupuesto al Poder Legislativo, regular la integración de los cabildos y reducir los salarios de la alta burocracia electoral para que no ganen más que la Presidenta ni tengan canonjias con recursos públicos.
La revocación del mandato es un mecanismo de democracia directa para expresarse a favor de la continuidad o de la conclusión de un gobierno y puede ser vinculante (es decir, ejecutarse sus resultados), siempre y cuando voten más del 40 por ciento de la ciudadanía.
Con la nueva propuesta, se podría solicitar después del segundo año del periodo del titular del Ejecutivo, para que este ejercicio se efectúe en el tercero; además prohíbe el uso de tiempos oficiales en televisoras públicas y la contratación de propaganda, y ordena suspender la publicidad oficial durante los 60 días antes a la jornada.
En la composición de los ayuntamientos, esta propuesta de reforma considera dejar en la Constitución que sólo podrá haber una sindicatura y de siete hasta quince regidurías. Es decir, busca poner un límite en la integración de los cabildos.
Dispone que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de los Congresos locales no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
La iniciativa de reforma constitucional presentada por la titular del Ejecutivo añade un párrafo para que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, así como secretarios y titulares de áreas de estos entes no excedan sus percepciones y prohíbe adquirir -con recursos públicos- seguros de gastos médicos, de vida o pensiones privadas, regímenes especiales de retiro o separación, entre otros.
También prevé modificar la ley secundaria, la de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 12 artículos para poner un tope a las remuneraciones del INE, OPLE’s y tribunales estatales, aumentar la fiscalización a las campañas y partidos políticos, y para iniciar los cómputos de manera inmediata, con la llegada del primer paquete.
Ojo en las letras chiquitas, es decir, en los transitorios. De ser aprobada la iniciativa en los próximos días, dispone que los Congresos estatales deben armonizar su Constitución y leyes a más tardar el 30 de mayo de este mismo año.
También considera que el Senado de la República reduzca su presupuesto en un 15 por ciento, durante los siguientes cuatro años, sin afectar los derechos de las personas trabajadoras.
Los ahorros y economías en el caso de los estados deberá etiquetarse para obras de infraestructura pública, no a su libre albedrío.
Seguramente esta propuesta sí tendrá la aprobación de las fuerzas políticas, pero sobre todo de la ciudadanía al reducir salarios de funcionarios electorales y los presupuestos en el Senado y Congresos locales, donde se han expuesto algunos despilfarros y gastos onerosos.
X @ydlan
