Felipe de Jesús Fernández Basilio
Desde A Janela
El primer mito del que malamente llaman como “Plan B” es que en realidad no se trata de un plan B, puesto que su definición consiste en que se trata de un proyecto alternativo, de respaldo o contingencia para ser utilizado en el caso de que el plan principal o inicial falle.
Siendo que para el caso que nos ocupa, el fracaso estrepitoso de la iniciativa presidencial de reforma electoral en la Cámara de Diputados, lo que llaman “plan B” no guarda casi ninguna relación con el proyecto original de la presidente.
Y digo que casi, porque solo sobrevive la idea de desmantelar, aún más, a las autoridades electorales.
De ahí en fuera, el afectar a las autoridades locales, tanto estatales como municipales, o incluir en la jornada la también mal llamada revocación del mandato, en nada se parecen a la reconfiguración de la forma de elegir a los legisladores de representación proporcional o de reducirlos o suprimirlos, lo cual era el objetivo inicial del proyecto enviado al legislativo por la señora Sheinbaum.
Así es, son dos iniciativas totalmente diferentes y la última en nada respalda o atiende la contingencia que consistió en el fracaso de la primera.
Otro de los mitos del famoso “plan B” consiste en que se busca abaratar la democracia y aplicar los recursos supuestamente ahorrados en obra pública; la verdad es que ese cuento deberían de ir a narrarlo a Disneylandia, a ver si ahí les creen; porque, en México ya lo contaron muchas veces al desaparecer órganos autónomos, al deformar al Poder Judicial, al transarse los fideicomisos, al desaparecer el seguro popular, al destruir el sistema de vacunación, al cambiar el proyecto aeroportuario para la Ciudad de México y un interminable etcétera de destrucciones que han llevado a cabo.
Sí, en todos y cada uno de esos casos sostuvieron que se iba a ahorrar dinero y que ese dinero se iba a utilizar en obra pública y la verdad es que los organismos y fideicomisos desaparecieron, lógicamente el dinero destinado para ellos dejó de aplicarse y las obras…. ¿En dónde están las obras? Vaya, ni siquiera existe una rendición de cuentas sobre el uso y destino de esos recursos supuestamente ahorrados y redirigidos para el beneficio social.
Todo fueron puras patrañas enderezadas para destruir instituciones y programas y robar su dinero.
Ahora bien, pasemos a los riesgos que trae aparejados el, como ya vimos, mal llamado “´plan B”, siendo el primero de ellos que se refuerza el centralismo.
Así es, el poder federal pretende entrometerse de manera ilegal e injustificada en la organización interna de las entidades federativas y de sus municipios; ya que, en todo caso esas cuestiones le corresponden a cada estado abordarlas de acuerdo a su propia constitución y a sus necesidades; puesto que en eso consiste el federalismo y según siempre se ha dicho, esa es nuestra forma de gobierno.
Otro de los riesgos que encarna el mal llamado “plan B” consiste en que al pretender introducir en la misma jornada electoral para la renovación de diputados y gobernadores la también mal llamada revocación del mandato, cambia totalmente las reglas del juego, ya que por una parte propicia inequidad al permitir que la titular del Ejecutivo haga campaña para supuestamente permanecer en el cargo y por la otra le puede generar un desgaste innecesario, ya que corre el riesgo, por cierto muy alto, de que no logre igualar los números con los que ganó la elección ni los que presume en las encuestas.
Ya que estamos en lo de la supuesta “revocación de mandato”, ahí viene otro mito, ya que para que exista un proceso revocatorio primero debe de haber una inconformidad manifiesta que lo genere y al pedirlo desde el mismo poder, más bien se trata de una ratificación y para eso, ahí sí que no vale la pena despilfarrar dinero en un ejercicio de estos; ya que, si la señora es ampliamente aceptada y nadie pide su revocación, no hay problema con que cumpla su mandato y luego de ello se vaya con su jefe.
En cambio, destinar fondos para un proceso electoral que nadie está pidiendo va en contra de la esencia del mal llamado “plan B” que consiste en ahorrar dinero recortando presupuesto a todo lo que tenga que ver con elecciones.
Por último y no menos importante que los señalados previamente, hay que señalar que el adelgazamiento que pretenden provocar a las autoridades electorales al desaparecer su servicio profesional de carrera y sustituirlo por trabajadores eventuales e inexpertos va a generar una debilidad estructural en la organización y realización de los procesos electorales que va a resultar muy costosa para la credibilidad democrática de México como país.
Así es, el “plan B” que no es un plan B está basado en muchos mitos y también encarna muchos riesgos para el futuro del país; por el bien de todos, esperemos que también naufrague en las arenas legislativas.
