La diputada Montserrat Ortega Ruiz cuestionó con firmeza el denominado “Plan B” de reforma electoral, al señalar que se trata de un ajuste administrativo que no atiende los problemas de fondo del sistema democrático en México.
Durante su intervención en tribuna, Ortega advirtió que la propuesta impulsada por el oficialismo omite deliberadamente el tema más grave: la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
“¿Por qué no quisieron tocar al crimen organizado? ¿Por qué tanta resistencia a establecer que, si el crimen interviene, se anula la elección?”, cuestionó.
La legisladora subrayó que, pese a haberse vivido la elección más violenta en la historia reciente del país, la reforma no contempla mecanismos reales para garantizar elecciones libres ni proteger a candidatos.
Además, denunció una contradicción de fondo en el discurso oficial:
“Hablan de austeridad, pero en realidad están abriendo la puerta a que aumente el presupuesto electoral en los estados hasta en un 0.7%.”
Ortega explicó que, lejos de representar un ahorro, la reforma podría traducirse en mayores cargas presupuestales a nivel local, debilitando además a las instituciones electorales bajo el argumento de recortes.
“Recortan estructuras, pero no enfrentan al crimen. Ajustan el sistema, pero no lo protegen… y además pueden hacerlo más caro”, afirmó.
Asimismo, advirtió que la reforma tiene un carácter centralista, al invadir competencias de estados y municipios, lo que representa un retroceso en el federalismo.
Finalmente, reiteró que una verdadera reforma electoral debe garantizar condiciones de seguridad, equidad y legalidad:
“Sin seguridad electoral, no hay democracia posible.”
La diputada hizo un llamado a construir una reforma integral que enfrente el financiamiento ilícito, proteja el voto libre y evite tanto la intervención del crimen como el uso ineficiente de recursos públicos.
