Con un llamado a ordenar la representación municipal y mejorar el uso de los recursos públicos, la diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó una iniciativa para ajustar el número de ediles en los ayuntamientos del estado, al considerar que actualmente existe una sobrerrepresentación que no se traduce en mejores resultados para la ciudadanía.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora subrayó que el municipio es el primer contacto de la población con el gobierno, ya que es ahí donde se resuelven —o no— necesidades básicas como el acceso al agua, la recolección de basura, la seguridad y los servicios públicos. En ese sentido, advirtió que la integración de los cabildos no debe responder a criterios discrecionales, sino a la realidad demográfica.
La iniciativa parte de un diagnóstico claro: en Veracruz, 92 municipios —más del 43% del total— cuentan con un número de ediles superior al que les corresponde según su población. Este desajuste ha generado estructuras administrativas sobredimensionadas que, según la diputada, no garantizan una mejor gestión pública.
“Hay municipios que se pasan de regidores”, señaló Ortega, al detallar que existen casos con uno hasta siete ediles excedentes. En total, el análisis arroja que hay 230 regidores de más en la entidad, lo que representa una carga económica significativa para las finanzas públicas.
La legisladora enfatizó que cada edil implica un costo directo al erario, por lo que este exceso de cargos podría traducirse en recursos que hoy no están llegando a obras y servicios prioritarios. “Ese dinero podría destinarse a pavimentación, drenaje, alumbrado público o seguridad”, sostuvo.
Ortega Ruiz también ejemplificó la problemática en municipios con altos niveles de pobreza y marginación como Chumatlán, Ozuluama, Cotaxtla, Nautla y Tlalixcoyan, donde, afirmó, cada peso cuenta y no debería destinarse a estructuras administrativas innecesarias.
La propuesta legislativa busca reformar el artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer que el Congreso del Estado no solo pueda, sino que deba ajustar el número de ediles conforme al censo de población. Con este cambio, explicó, se elimina la discrecionalidad política y se garantiza que las decisiones se basen en datos objetivos.
Asimismo, la iniciativa se alinea con la reciente reforma al artículo 115 de la Constitución federal, que establece criterios de racionalidad, paridad de género e igualdad sustantiva en la integración de los ayuntamientos. También contempla que cualquier modificación se realice al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral, en cumplimiento con el marco legal vigente.
De aprobarse, la reforma entraría en vigor para administraciones futuras, respetando a los ayuntamientos en funciones y garantizando estabilidad institucional. Además, se plantea una reducción del total de ediles en la entidad, pasando de 1,054 a 826 para el año 2030.
Finalmente, la diputada reiteró que esta medida no busca limitar la representación ciudadana, sino hacerla más eficaz. “La gente no está pidiendo más políticos, está pidiendo mejores resultados”, concluyó, al exhortar a todas las fuerzas políticas a respaldar una reforma que, dijo, responde a una necesidad real de la población veracruzana.
