Isabel Ortega
La diputada local Naomi Gómez Santos propuso modificar el Código Penal del Estado para tipificar los delitos contra la producción pecuaria, con el objetivo de castigar de manera más severa el robo de ganado en Veracruz.
La legisladora explicó que actualmente el abigeato se considera un delito patrimonial, por lo que, al identificarse a los responsables, estos pueden evitar la cárcel mediante acuerdos reparatorios.
“Nos comentaban que las personas ya no denuncian, porque es un acuerdo reparatorio y no es cárcel, por lo que la ciudadanía que hace este delito reincide, entonces sale barato para ellos hacerlo” dijo y mencionó que en ocasiones la fiscalía promueve acuerdos que permite dar en abonos la multa impuesta.
En ese sentido, planteó la creación de un nuevo capítulo en el Código Penal que permita sancionar no solo a quienes cometen el robo, sino a toda la cadena involucrada en la comercialización ilegal.
La propuesta no solo castiga a quienes sustraen ganado, sino que amplía la responsabilidad a quienes compran, transportan o venden animales de procedencia ilícita. De acuerdo con la legisladora, el municipio de Jesús Carranza concentra el mayor número de casos.
Explicó que la iniciativa fue consultada con la Fiscalía, por lo que aseguró que existe respaldo para su aprobación en el corto plazo. “Trae el visto bueno de todos”.
¿Qué propone la iniciativa?
En cuanto a las sanciones, la propuesta establece penas de 6 a 12 años de prisión por el delito de abigeato, mismas que podrían aumentar hasta 15 años en casos agravados, como cuando se comete con violencia, en grupo o durante la noche.
Además, se contemplan castigos para otras conductas relacionadas. Quien adquiera, comercialice o distribuya ganado robado podría enfrentar penas de 6 a 15 años de cárcel, además de multas.
También se sancionará a quienes transporten animales sin la documentación legal o sanitaria correspondiente, así como a quienes alteren marcas, falsifiquen guías de tránsito o simulen la propiedad del ganado, con penas que van de 3 a 10 años de prisión, dependiendo de la conducta.
En el caso del tráfico ilegal de ganado —es decir, la movilización o comercialización fuera de los controles establecidos—, las sanciones pueden alcanzar hasta 8 años de prisión, y aumentar si se comprueba que se buscaba encubrir el origen ilícito.
La legislación también contempla sanciones para servidores públicos que participen o faciliten estos delitos, quienes además de enfrentar penas de prisión podrán ser destituidos e inhabilitados hasta por 10 años.
Con estas reformas, se busca cerrar el paso a toda la cadena delictiva vinculada al robo de ganado, en un contexto donde —según la promovente— ya existe voluntad política para su aprobación.
