Ángeles González Ceballos
«El Frente contra la tala ilegal y en defensa del Cofre de Perote», aseguró que hay un incremento «desmedido» de la tala clandestina, de incendios intencionados y la extracción ilegal de tepezil en esa región, provocada por una red que involucra a taladores, aserraderos, transportistas y, en algunos casos, a servidores públicos omisos o cómplices.
El Frente, integrado por habitantes de la zona organizados, ejidatarias y ejidatarios, silvicultores y defensores ambientales; explicaron que primero provocan incendios forestales, luego extraen la madera quemada y en los mismos predios, extrae tepezil sin autorización ambiental ni manifiesto de impacto ambiental.
«Este modus operandi, lejos de ser casual, responde a un esquema deliberado para justificar el cambio de uso de suelo y abrir paso a actividades extractivas no reguladas», afirmaron los inconformes.
Sostuvieron que las comunidades de la región han sido testigos de cómo día tras día se pierden manchones completos de bosque, a pesar de las denuncias interpuestas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y la Fiscalía General de la República (FGR), mismas que no han tenido avances.
Detallaron que el pasado 25 de febrero de este año, la Procuraduría de Medio Ambiente clausuró una mina de tepezil ubicada en la zona, luego de que se acreditara que carecía de autorización en materia de impacto ambiental, pero la clausura de un sólo sitio no resuelve el problema de fondo.
«Es inadmisible que contando con la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y un Batallón Militar desplegado en la región, no se logre frenar la actividad de tala ilegal.
Hemos documentado cómo camiones cargados con madera de dudosa procedencia circulan con total normalidad, en ocasiones incluso custodiados o escoltados, sin que ninguna autoridad los detenga», lamentaron.
Debido a la omisión de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, conformaron redes de vigilancia vecinal, documentado puntos de extracción ilegal con GPS, gestionado mesas de trabajo con autoridades y presentado denuncias ciudadanas con fundamentos legales sólidos.
Finalmente, recordaron que la deforestación acelerada pone en riesgo el abastecimiento de agua para decenas de miles de personas, incluidos los habitantes de Xalapa, incrementa la erosión del suelo y eleva la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos.
