Salvador Muñoz
Los Políticos
En Veracruz, hay historias que ya ni sorprenden, pero siguen indignando… como esa vieja tentación de convertir las plazas en mercancía, al sindicato en ventanilla y al dirigente en algo así como agente aduanal del favor, el trámite y el billete.
Ahora le tocó (otra vez) al Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMV) quedar sacudido por una nueva denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El señalado: Gerardo Velázquez Maravert. El señalamiento: presunta venta de plazas en la Secretaría de Educación de Veracruz. Y no estamos hablando de un chisme de café, de ésos que se cuentan a media voz en los pasillos de la SEV o en la sobremesa de las delegaciones sindicales. No. Aquí ya hay denunciante, abogado, Fiscalía y una frase que pesa más que mil deslindes de ocasión: “Estoy dando la cara porque no tengo miedo, porque estoy diciendo la verdad”.
Cuando alguien suelta una frase así, de frente, con nombre y apellido, la cosa deja de ser grilla y empieza a oler a expediente.
Y es que el problema no es sólo la denuncia en sí. El verdadero tufo está en lo que sugiere: que la venta de plazas no sería una ocurrencia aislada, un exabrupto individual, un resbalón administrativo ni un malentendido entre compañeros de lucha. No. Lo que asoma es algo peor: la sospecha de una práctica enquistada, normalizada, heredada quizá, donde algunos liderazgos sindicales parecen haber confundido la representación gremial con franquicia personal.
Porque se supone que un sindicato nace para defender derechos, no para subastarlos.
La denunciante, Leticia Díaz Luna, acompañada por el abogado Gerardo Young Ruiz, fue a ratificar lo que sostiene con una mezcla de valor y hartazgo. Dice que hay pruebas, que ya fueron entregadas a la Fiscalía, y que ahí se demostrará la verdad. Lo delicado del caso no sólo es el nombre del dirigente señalado, sino los delitos que podrían configurarse si la carpeta camina: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias. Casi nada… nomás el menú completo de la descompostura institucional.
Y por si faltara sal al asunto, no es la primera vez que el nombre de Velázquez Maravert aparece bajo sombra. Con ésta, sumaría dos denuncias en menos de un mes. Dos en menos de treinta días. Ya no parece coincidencia, parece costumbre. Y cuando dos señalamientos tocan la misma puerta en tan poco tiempo, la duda deja de ser si hay fuego para empezar a preguntarse cuánto tiempo lleva ardiendo la cocina.
Lo más duro de todo es que la denuncia revive una herida añeja del magisterio veracruzano: la percepción, cada vez menos percepción y más certeza colectiva, de que algunas plazas han dejado de verse como conquista laboral para convertirse en botín, moneda de cambio o premio reservado al que paga, al que se alinea o al que tiene padrino. La señora Díaz Luna lo dijo con esa claridad que desarma más que cualquier discurso rimbombante: no tiene miedo, está dando la cara y espera justicia. Uno pensaría que eso debería ser lo normal en un Estado de derecho. Pero en Veracruz, donde denunciar muchas veces sale más caro que delinquir, que una mujer venga desde Pánuco a plantarse ante la Fiscalía y a sostener que entregó dinero, que existen pruebas y que está dispuesta a enfrentar al dirigente señalado, no es un dato menor: es un campanazo.
El abogado, por su parte, describió la ruta institucional que sigue: investigación, integración de carpeta, acopio de datos de prueba y, en su caso, presentación ante un juez penal. Es decir, lo de siempre en el manual… aunque aquí el reto no es recitar el procedimiento, sino cumplirlo. Porque si algo ha cansado al magisterio y a la sociedad veracruzana es esa costumbre tan nuestra de abrir carpetas con bombo y platillo para luego archivarlas con sigilo monacal.
La pelota, pues, ya está en la cancha de la Fiscalía. Y ahí es donde este caso puede volverse bisagra o simulación. Bisagra, si de verdad se investiga a fondo, se sigue la ruta del dinero, se llama a quienes haya que llamar y se deslindan responsabilidades sin importar el tamaño del padrino, del sindicato o del apellido. Simulación, si todo termina en la liturgia acostumbrada del “se está investigando”, “no podemos adelantar nada” y “respetamos el debido proceso”, mientras el polvo burocrático se acomoda sobre el expediente.
Porque también hay que decirlo: el problema no se reduce al SIMV. Si esta denuncia prospera, puede destapar una cloaca mucho más amplia en el ecosistema sindical magisterial veracruzano. Y si no prospera, también mandará mensaje: que denunciar sirve para exhibirse, pero no para cambiar nada. En ambos casos, lo que está en juego no es sólo el futuro de un dirigente, sino la credibilidad de todo un sistema gremial que hace tiempo viene pidiendo auditoría moral… y quizá penal.
Al final, la pregunta no es si hay maestros hartos. De ésos sobran. La pregunta es si por fin alguna institución tendrá el valor de tocar la estructura que durante años convirtió la necesidad en negocio y la esperanza laboral en caja registradora.
