Agustín Torres Delgado
Pa’ Vivir a gusto
El pasado 22 de abril leí con tristeza la noticia del asesinato de la líder ganadera Lina Alejandra Rodríguez Castillo, quien fue cobardemente atacada en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. Lina Rodríguez era secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM). Era muy reconocida por su liderazgo en el sector ganadero y, sobre todo, porque había trabajado arduamente por la participación de las mujeres en la industria agropecuaria (un sector que históricamente ha sido dominado por hombres), en el que buscó oportunidades para que las mujeres ganaderas de dicha organización se desarrollaran mejor.
La violencia contra las personas líderes del sector agropecuario no siempre ocupa los encabezados nacionales ni tiene el alboroto de los grandes operativos. No existe un registro público único y completo de “líderes ganaderos asesinados” en México; la información está dispersa en notas de medios y en uno que otro portal oficial. Aun así, con base en casos documentados, se puede reconstruir un panorama bastante claro y, al mismo tiempo, desolador, porque todos ellos terminan en impunidad.
Desde el sexenio de la llamada Guerra contra el narcotráfico, los productores pecuarios se convirtieron también en objetivos del crimen organizado. Es desgastante, pero necesario, recordarle al gobierno federal que no son números: son personas, son familias.
El recuento es lamentablemente amplio. En Morelos, en 2014, los líderes ganaderos de la zona sur, Rubén Barón López y Roberto Carlos Millán Capistrán, fueron secuestrados y días después encontrados sin vida; ellos representaban a pequeños productores.
En Sinaloa (¿qué podemos decir de un estado en el que la violencia es el día a día?) Faustino Hernández Álvarez, Ramón Alberto Velázquez Ontiveros y otros dirigentes del sector fueron asesinados en un contexto donde el control territorial tiene más valor que la propia vida. Eran activistas y defensores valientes de su gremio en un estado en donde predomina el crimen.
En Chihuahua se repite el escenario con una crudeza casi de rutina: van diez ganaderos asesinados desde 2017; Lina Rodríguez es el tercer caso en lo que va de 2026. Diez familias truncadas, diez casos sin resolver, diez casos indignantes en espera de justicia.
El líder ganadero Samuel González Rodríguez, de 69 años, fue asesinado a balazos en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, en marzo de este año, tras ser interceptado por hombres armados cuando salía de un rancho. Tenía una destacada trayectoria vinculada al campo, la representación de productores y la defensa de apoyos para el sector rural.
En Zacatecas, en 2023, fue asesinado a tiros el líder ganadero Cuauhtémoc Rayas, presidente de la Unión Ganadera Regional local. En 2017 había sufrido el asesinato de su hijo de 23 años, Óscar Rosendo Rayas Valdez, en un intento de secuestro. El líder ganadero era conocido por su activismo en la defensa de los intereses de los productores de ganado de esa región.
Veracruz tampoco escapa, Rubén Cruz Sagastume fue un destacado líder campesino y ganadero en el norte del estado, integrante de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Fue asesinado a balazos el 11 de abril de 2025 dentro de sus oficinas en Tuxpan. En agosto del mismo año, Gustavo Hernández Virués, líder ganadero y médico veterinario en Xico, murió a golpes en su rancho, en lo que se dijo fue un robo violento. Diferentes contextos, sí; mismo resultado: la vida arrebatada y la justicia ausente.
Podríamos mencionar muchos otros casos en todo el país. Esto es solo una muestra, y es lamentable que lo que une a estos casos, además de lo obvio, sea la impunidad. En la mayoría de estos asesinatos no hay detenidos y, si los hay, es por delitos menores. La cadena de responsabilidad nunca llega a quienes ordenaron, financiaron o permitieron los crímenes. El Estado aparece tarde, mal o nunca; o, cuando lo hace, es para dar comunicados, pero sin resultados.
La narrativa oficial siempre habla de “hechos aislados”, aunque se repitan en Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Sonora y Colima. No solo es el crimen organizado; es también la ausencia del Estado, la normalización de la extorsión y del control territorial. Es incapacidad, es falta de voluntad.
Las mujeres y los hombres líderes ganaderos y del sector agropecuario son personas cercanas a su gente, conocidas por su comunidad; gente que organiza, gestiona apoyos y defiende a sus comunidades. Su liderazgo no viene del poder político, sino del reconocimiento directo de su gente. Un Estado que permite que sus líderes rurales y agropecuarios sean asesinados sin consecuencias está fallándole profundamente a miles de familias que pertenecen a uno de los pilares de la economía nacional. Eso no solo es una falla en otorgar seguridad: es abandono al campo y a su gente.
Agustín Torres Delgado
Secretario General de Acuerdos
Movimiento Ciudadano
