Felipe de Jesús Fernández Basilio
Desde a Janela
Estos últimos días se caracterizaron por el protagonismo de varios gobernadores, quienes para bien o para mal han influido en la opinión pública nacional.
Pero no solo eso, también han sido determinantes en la percepción social del gobierno en general y de la presidente en particular en relación al tema que más angustia a los mexicanos: la inseguridad provocada por la impunidad con la que se conducen las mafias del crimen organizado.
Y así tenemos a la gobernadora de Chihuahua, quien fue duramente criticada desde el programa matutino de la presidente por supuestamente permitir que agentes estadounidenses participaran en un operativo para destruir varios laboratorios en los que se producían drogas sintéticas.
La mera verdad hasta el momento de escribir estas líneas no se sabe a ciencia cierta si estos participaron o no en dicho operativo, porque lo que los colocó en el lugar de los hechos fue el accidente fatal en que perecieron dos de ellos.
Realmente es intrascendente saber si tuvieron participación en los eventos de combate al crimen organizado debido a que, aunque lo pretenda negar el gobierno federal, desde hace muchas décadas han operado agentes estadounidenses en México con y sin permiso del gobierno federal.
Pero lo más curioso de todo es que al fijar su postura, la presidente generó la impresión de que está de parte de los criminales debido a que repudió con argumentos legaloides y con una retórica pseudonacionalista el hecho de que los operativos fueron exitosos.
Sí, tanto la presidente como los senadores oficialistas han dado lugar a pensar que les dolió más la destrucción de los laboratorios clandestinos que la participación de los agentes extranjeros.
Y el dolor fue mayor, porque el éxito de los operativos corresponde a una gobernadora emanada de la oposición.
Pero si eso de por sí ya era complicado de digerir para el gobierno de la transformación que no fue y ni tampoco será, la cuestión de la percepción pública relativa a que están coludidos con el crimen organizado se complicó aún más cuando el gobierno de los Estados Unidos de América solicitó formalmente la extradición del gobernador de Sinaloa y de varios funcionarios más de la misma entidad para que respondan ante sus tribunales por una serie delitos relacionados con las mafias del crimen organizado.
Y es que a pesar de que este gobernador es totalmente indefendible debido a que en más que evidente que está coludido con la mafia sinaloense, incluso está confeso debido a que aceptó que sin la venia de los criminales nunca hubiera podido ser gobernador del estado.
Pero resulta que, pese a la evidencia de la responsabilidad criminal del referido gobernador, la presidente niega tajantemente la posibilidad de llevar a cabo la extradición aduciendo falta de pruebas, cuando eso es lo que más hay.
Por donde se le busque, el gobernador sinaloense se encuentra en situación de jaque mate y solo sobrevive políticamente por la resistencia de la transformación que no fue y ni tampoco será para llevarlo ante la justicia.
Y la única razón válida que existe para demorar su extradición es que se le finquen responsabilidades penales en México, para lo cual hay demasiados elementos a la vista de todo mundo menos de la Fiscalía General de la República y, por supuesto, de la presidente que hasta le ha levantado el brazo en señal de apoyo varias veces.
Pero lo de Sinaloa no queda solo en el gobernador, también solicitaron la extradición de un senador que es el principal candidato de la transformación que no fue y ni tampoco será para gobernar el estado a partir del próximo año y de muchos funcionarios de primer nivel en Sinaloa.
Así es, con su defensa a ultranza del gobernador de Sinaloa y de su secuaces, se abona aún más a la percepción pública de que el gobierno federal está coludido con las mafias del crimen organizado, ya que es injustificado e incongruente el que los defienda a capa y espada cuando es absolutamente notoria la responsabilidad penal en la que han incurrido.
Y es que con todos estos acontecimientos, al final del día la impresión que prevalece en la opinión pública es que el gobierno federal y la presidente censuran a quienes combaten a las mafias y protegen a quienes forman parte de ellas.
X: @FelipeFBasilio
