Ana Rosa Valdés Salazar
En mi Opinión
Cada semana, hemos comentado en este espacio los problemas que nos aquejan a los mexicanos, particularmente a los veracruzanos; y desafortunadamente observamos que esos problemas se complican, en vez de encaminarse hacia una solución favorable.
Nos hemos referido al paro de 20 mil trabajadores de salud, de las once Jurisdicciones Sanitarias del Estado, en demanda de que se atiendan las necesidades de 60 hospitales y 800 centros de salud, que padecen desabasto de medicamentos, de uniformes, de insumos, de vehículos para trasladarse a sus servicios; falta de personal médico, de enfermería, así como de aprovisionamiento en las instalaciones hospitalarias.
El conflicto se resolvió parcialmente el 23 de abril, tras la firma de una minuta de acuerdos entre los sindicatos, el gobierno estatal y autoridades federales, porque los trabajadores levantaron el paro y regresaron a sus labores al día siguiente; pero esto se considera una tregua condicionada al cumplimiento de los compromisos signados. Y es que los trabajadores ya están escamados ante los incumplimientos de acuerdos anteriores.
Igualmente abordamos el grave problema del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México; un desastre ecológico que no termina de sanearse y que impacta severamente la economía de pescadores, prestadores de servicios turísticos y de las comunidades ribereñas que realizan sus actividades en todo el litoral del Estado, que comprende casi 700 kilómetros; y que hasta la fecha carecen de apoyos federales y estatales que obligatoriamente deberían recibir, pues la tragedia se ocasionó por la ruptura de un oleoducto de Petróleos Mexicanos.
Pemex debe responder por los daños y perjuicios causados a miles de familias que hoy sufren el mismo abandono de nuestros hermanos del norte del Estado, a quienes las inundaciones de octubre de 2025 afectaron enormemente y siguen esperando el cumplimiento de las promesas de la Presidenta Sheinbaum y de la Gobernadora Nahle, que no se han realizado en su totalidad.
Otro conflicto que desde hace meses hizo crisis es el de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), cuya ley se reformó en enero del año en curso, mediante un decreto plagado de inconsistencias que dejó en la incertidumbre a maestros y trabajadores de la universidad, así como a sus alumnos, pues el Gobierno del Estado asumió el control financiero y presupuestal y se estableció que todas las cuotas deben recaudarse a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Lo anterior generó inestabilidad y confusiones en la contratación directa del personal; y la profunda crisis laboral y administrativa derivada de la transición de la institución a un organismo público descentralizado provocó paros de labores, falta de pagos a docentes y afectaciones a cientos de estudiantes, principalmente en la sede Xalapa y la región de las Altas Montañas.
Los maestros denuncian adeudos salariales que en algunos casos son por varios meses, y rechazan los nuevos contratos propuestos por la administración por desproporcionados y carentes de prestaciones, por lo que exigen certidumbre laboral, aguinaldos y seguridad social.
No existe suficiente información al respecto, el proceso de contratación se conduce con gran opacidad y se han realizado marchas en Xalapa y Coatzacoalcos en los últimos días por estudiantes preocupados por la falta de clases y por maestros a quienes se les adeudan sueldos.
Entrevistada al respecto en el marco de las actividades por el Día del Trabajo, la Gobernadora Rocío Nahle declaró que el conflicto en la UPAV ha sido atendido mediante el pago de los adeudos pendientes y el inicio de un proceso formal de contratación.
Sin embargo, el problema no es tan sencillo, porque el presupuesto autorizado a la UPAV para este año es de 38 millones de pesos, contra alrededor de 118 millones de pesos que, se sabe, se les adeudan a los maestros desde el año pasado; y si se sigue cobrando a los alumnos, por el concepto que sea, se atentaría contra la gratuidad de la educación que establecen la Constitución General de la República en su artículo 3°, la Constitución Política local en su artículo 10, y la Ley de Educación del Estado en su artículo 3°.
Es necesario que los derechos laborales de maestros, directores y de todos los trabajadores que sirven a la UPAV se respeten en términos de las disposiciones constitucionales aplicables y que se les inscriba en las instituciones que les proporcionen seguridad social.
Por todo ello, los maestros y demás trabajadores desconfían de la palabra gubernamental y se sienten entrampados en un problema que se origina desde la naturaleza jurídica de la universidad y sus fuentes de ingresos, pues aunque el dinero no es problema, según se ha dicho varias veces, lo cierto es que a la hora de la verdad los recursos no aparecen y el gozo se va al pozo.
La UPAV surgió para dar a los veracruzanos otra opción de estudios en su preparación profesional, ante el creciente número de aspirantes a carreras universitarias, quienes merecen la oportunidad de realizar estudios superiores; y nuestra sociedad requiere personal capacitado en todas las ramas.
El camino de la UPAV no ha sido fácil, ha debido enfrentar grandes obstáculos que, sin embargo, no le han impedido transitar en su servicio a la educación de Veracruz, por más de 20 años, desde su creación por el Gobernador Fidel Herrera Beltrán, visionario y profundamente comprometido con la educación profesional.
Es de justicia que los sueldos de los maestros y de todos los trabajadores a su servicio corran a cargo del Estado, con las partidas presupuestales que al efecto se destinen, sin descuidar en ningún momento ni las bases laborales ni los recursos administrativos necesarios; y que se reconozcan los años de servicio de quienes siguen laborando en la institución educativa.
En resumen, ante tantos pendientes que tiene el Gobierno del Estado, es difícil no contagiarse del pesimismo que invade a los trabajadores del Sector Salud y de la UPAV, así como a los damnificados por las inundaciones de octubre de 2025 en el norte del Estado; y a pescadores, prestadores de servicios turísticos y todos los afectados por la tragedia ecológica en el Golfo.
En todos los casos, se han asumido compromisos con quienes requieren del apoyo gubernamental, pero la falta de cumplimiento revela que las promesas se hacen al calor de las demandas, y esas promesas evidencian una práctica en la que sin rubor alguno incurren las mandatarias federal y estatal; una práctica que vuelve cada vez más lejana la relación entre pueblo y gobierno y más riesgosa la atención de los crecientes problemas: la mentira, porque no es lo mismo mentir en campaña que hacerlo ante la desgracia o la desesperación de la gente que espera de sus gobernantes, al menos, comprensión y respeto.
