Angeles González Ceballos
Extrabajadores del extinto Régimen de Protección Social en Salud o mejor conocido como Seguro Popular, denunciaron que a pesar de que ya habían llegado a acuerdos, de que incluso ya había dinero para pagar los laudos ganados desde el 2017; hay una orden expresa de alguien en el gobierno Estatal de no pagarles.
La lucha tras la extinción del Régimen inició con 127 trabajadores, de esos, se hizo un convenio de pago con 72 de los afectados, para lo cual se convino un bolsa de 30 millones de pesos para pagarles.
¨Nosotros llegamos al acuerdo de una reducción a lo ya ganado (en laudos), todavía en este momento para poderle pagar a los compañeros que están en la lista, que son 24 son alrededor de más de 10 millones, pero de no cumplir, el Gobierno está permitiendo que se incrementen los montos¨, señaló Angel Carrera Ramírez, secretario general del sindicato del extinto Seguro Popular.
En conferencia de prensa previo al cierre de la calle Enríquez, lamentó que el gobierno de Veracruz no haya hecho lo suficiente para poder apoyarlos y resolver este conflicto laboral que lleva 9 años y 4 meses, lo que ha sido muy desgastante y cansado.
¨Ya no sabemos qué más hacer políticamente hablando para llamar su atención y tener los resultados que necesitamos. Somos 80 personas que faltamos de cumplir ese compromiso, de laudos ya ganados desde el 2017.
Situaciones que nos han llevado a una crisis económica y social, tristemente hemos perdido a algunos compañeros en la lucha, personas que se nos adelantaron por enfermedad y tristemente no han tenido recursos para comprarse medicamentos o atenciones en algunos hospitales¨, señaló.
Por su parte, el abogado, representante legal de los afectados, José Luis Jiménez Rodríguez, definió que los laudos ganados se tienen que ejecutar y no hay ninguna justificación para no hacerlo.
¨Aquí pareciera que hay una instrucción superior, desconocemos de parte de quién venga, sería muy arriesgado asegurar quién es el que está diciendo que no se pague… se llegó a acuerdos a beneficio de las arcas públicas, mis representados estaban dispuestos a ceder parte de lo que por derecho les corresponde¨, enfatizó.
El Abogado resaltó que hicieron solicitud formal ante la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad para hacer mesas de trabajo, a las que acudieron las secretarías de Salud y de Finanzas para que se dé la autorización.
