Isabel Ortega
El síndico del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Johard Alejandro Cruz Delfín, fue vinculado a proceso dentro de la carpeta de investigación 100/2026 del distrito judicial de San Andrés Tuxtla, por el presunto delito de violencia de género en agravio de una militante del Partido del Trabajo (PT).
El proceso legal contra el edil inició en octubre de 2025 y el pasado 18 de mayo un juez determinó vincularlo a proceso, además de otorgar un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
“Es un tema que surgió entre particulares; sin embargo, la narrativa de los hechos se da en un contexto político, durante una reunión relacionada con una elección interna del Partido del Trabajo”, explicó la abogada de la denunciante, Guille Alvarado González.
La representante legal detalló que los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2025, durante una asamblea del PT, cuando Cruz Delfín ya tenía la calidad de edil electo.
“Hubo amenazas verbales contra la víctima y ese fue el motivo de la denuncia. Por la disparidad de poder y la situación vulnerable de la persona, la mujer recibió amenazas intimidantes. No se trata de cualquier amenaza, sino de hechos ocurridos en un contexto político y de manera pública”, expuso.
La audiencia inicial se realizó el 14 de mayo de 2026, cuando el juez determinó imponer medidas cautelares a favor de la denunciante, quien actualmente labora en el Ayuntamiento en un área directiva.
Entre las medidas dictadas, Cruz Delfín no podrá acercarse al domicilio de la víctima ni mantener conversaciones ajenas a temas laborales, debido a la relación institucional que existe entre ambas partes.
Alvarado González explicó que la defensa del edil solicitó la duplicidad del término constitucional y fue el pasado 18 de mayo cuando el juez resolvió vincularlo a proceso. “Ahora ya se le reconoce la calidad de imputado y se le informó por qué se le investiga. Se inició la investigación porque aportamos datos de prueba”, indicó.
La abogada aclaró que la denuncia fue presentada únicamente por violencia de género, debido a que los hechos ocurrieron en un contexto partidista y no dentro del Ayuntamiento.
No obstante, señaló que existe una relación laboral indirecta entre ambas partes, ya que la víctima trabaja actualmente en el gobierno municipal, por lo que no descartó que eventualmente puedan acudir al Organismo Público Local Electoral (OPLE) o al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) si consideran que existen elementos de violencia política en razón de género.
La abogada también afirmó que el síndico cuenta con una sentencia condenatoria por el delito de lesiones desde el año 2011, situación que, dijo, influyó en la decisión de la víctima de proceder legalmente.
