María Luisa Bandala Pantoja
La voz de la inclusión
¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una persona con discapacidad necesita denunciar una agresión, acudir a una institución de justicia o enfrentar un proceso legal? Las barreras para acceder a la justicia siguen presentes de distintas maneras.
Para una persona con discapacidad auditiva, denunciar una agresión o simplemente pedir orientación puede convertirse en un proceso limitado por la falta de comunicación. Para una persona con discapacidad visual, trasladarse, ubicarse o realizar trámites dentro de una institución puede representar un reto constante.
A esto se suman los obstáculos que todavía enfrentan las personas con discapacidad motriz dentro de espacios donde las instalaciones continúan sin ser realmente accesibles, así como las dificultades que viven muchas personas con discapacidad intelectual al enfrentarse a procesos legales complejos y poco comprensibles.
En el caso de las personas con discapacidad psicosocial, los entornos poco empáticos o las formas de atención pueden terminar generando experiencias abrumadoras y poco dignas.
Cuando la justicia no es accesible, muchas personas terminan desistiendo de denunciar o continuar sus procesos.
La accesibilidad no debería depender de la buena voluntad de otras personas, sino formar parte de cualquier institución de justicia. Aunque en nuestro país existen derechos reconocidos en materia de accesibilidad e inclusión, el reto sigue siendo llevarlos verdaderamente a la práctica.
Hablar de justicia accesible implica contar con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y también con personal capacitado en LSM, para que las personas con discapacidad auditiva no dependan únicamente de si existe o no un intérprete disponible al momento de recibir atención.
En el caso de las personas con discapacidad visual, también es necesario contar con señalética adecuada, guías podotáctiles, mapas podotáctiles, letreros y documentos en braille que permitan una orientación y atención más accesible y autónoma. Además, se requiere infraestructura adecuada para personas con discapacidad motriz, ya que en muchos espacios las sillas de ruedas no logran pasar correctamente por puertas o baños y las rampas, aunque existen en algunos lugares, no siempre son verdaderamente funcionales o accesibles.
De igual manera, las ventanillas o módulos de atención no siempre están adaptados para personas de talla baja, dificultando que puedan realizar trámites o recibir atención de manera adecuada.
También se necesitan procesos más claros, accesibles y comprensibles para personas con discapacidad intelectual, así como una atención digna, empática y libre de prejuicios para las personas con discapacidad psicosocial.
Todo esto requiere instituciones verdaderamente preparadas para brindar una atención accesible e incluyente. Hablar de inclusión no debería quedarse únicamente en leyes o discursos, sino traducirse en acciones reales que permitan a todas las personas ejercer sus derechos con dignidad y autonomía.
La justicia accesible no es un tema exclusivo de las personas con discapacidad; es un asunto que nos involucra a todos, porque nunca sabemos en qué momento de la vida una discapacidad, una condición de salud, un accidente o incluso el envejecimiento pueden llevarnos a necesitar espacios accesibles, apoyos y una atención verdaderamente incluyente.
