Salvador Muñoz
Los Políticos
Lo ocurrido en Tequila, allá en la sierra de Zongolica, debe ser una luz ámbar para la Secretaría de Educación de Veracruz. Y no de ésas que uno ve y acelera para ganarle al semáforo, sino de las que obligan a detenerse, mirar con calma y revisar qué está pasando en otras regiones donde quizá la educación indígena también puede estar secuestrada por la burocracia, la negligencia y, por qué no decirlo, hasta por el tráfico de vacantes.
Porque lo ocurrido en la Escuela Primaria Indígena “Emiliano Zapata”, de la comunidad de Moxala, municipio de Tequila, no es cosa menor.
Veintitrés niños de cuarto grado pasaron casi seis meses sin maestro. Se dice fácil: seis meses, pero en la vida escolar de un niño, seis meses no son un trámite, no son un papel atorado en un escritorio, no son una firma pendiente, no son un “ahorita vemos”. Seis meses sin clases son medio ciclo perdido. Son lecturas no hechas, operaciones no aprendidas, tareas que nunca llegaron, dudas que nadie resolvió y una comunidad entera preguntándose el porqué sus hijos, por vivir lejos, por estar en una zona indígena, por estudiar en una escuela serrana, tienen que esperar más que los demás.
Ahí es donde la frase se impone sola: con los niños no.
Los padres de familia hicieron lo que muchas veces tienen que hacer los pueblos para que el gobierno voltee: bloquearon la carretera federal Orizaba-Zongolica. No porque les encante cerrar caminos ni porque amanezcan con ganas de incomodar al prójimo, sino porque ya se habían cansado de tocar puertas que, al parecer, abrían hacia la nada.
Y entonces ocurrió algo que vale la pena subrayar: la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, en gira por la zona, se detuvo, se apersonó y dialogó directamente con los padres. No mandó al subsecretario del subsecretario, ni al enlace del enlace, ni al funcionario que siempre llega con cara de “yo nomás vengo a tomar nota”. Fue ella. Y además les dio la razón porque cuando 23 niños llevan casi seis meses sin maestro, no hay mucho margen para el discurso bonito. Ahí no aplica la maroma administrativa ni el clásico “estamos revisando el tema”. Ahí lo que cabe es la solución inmediata. Y más cuando la propia secretaria dejó entrever que detrás de la falta de docentes, puede haber actos de corrupción en la cadena escolar, desde supervisores hasta jefaturas de sector, donde en ocasiones se oculta información sobre vacantes para acomodar familiares, amigos o recomendados.
Dicho en cristiano: mientras los niños esperan clases, algunos burócratas andan jugando al ajedrez con las plazas. Y eso sí ya no es burocracia… va más allá del abuso.
Claudia Tello fue contundente al decir que no habrá más corrupción en la asignación de maestros. La frase suena bien. Pero ahora viene lo importante: que no se quede en Moxala donde al menos, hubo respuesta.
La secretaria se comprometió a enviar un maestro entre el viernes y el lunes siguiente. Y este 8 de junio, el docente llegó a la Escuela Primaria Indígena “Emiliano Zapata” para retomar las clases. La directora del plantel, Matlalín Tlecuile Tzoiohua, junto con padres de familia, agradeció la intervención de la funcionaria. Las autoridades locales también estuvieron presentes y se comprometieron a dar seguimiento para que el maestro permanezca en la comunidad.
Hasta ahí, final feliz.
Pero los finales felices en la sierra muchas veces duran lo que tarda en llegar el siguiente ciclo escolar.
Por eso, lo de Moxala no debe verse como un caso cerrado, sino como una rendija por donde se asoma algo más delicado. Si ahí había una vacante atorada, escondida o administrada con criterios poco claros, ¿cuántas más habrá en otras escuelas indígenas? ¿Cuántos niños estarán esperando maestro mientras alguien acomoda la pieza en el tablero? ¿Cuántas comunidades no bloquean carreteras simplemente porque están más lejos, porque no tienen reflectores o porque ya se resignaron a que nadie les haga caso?
Ahí está el verdadero reto.
La Secretaría de Educación ya dio el primer paso: resolver el problema inmediato. Pero ahora debe venir lo de fondo: revisar con lupa a Supervisión Escolar, autoridades de Educación Indígena, jefaturas de sector y las últimas asignaciones de maestros. No para hacer ruido, sino para limpiar la tubería por donde se supone debe correr la educación pública.
Porque si la información sobre una vacante se detuvo en algún punto de la cadena burocrática, alguien debe responder.
Y si alguien ocultó esa información para beneficiar a un familiar, a un amigo o a un recomendado, entonces no basta con cambiarlo de lugar. Hay que fincar responsabilidades. Con nombre, cargo y consecuencia.
La educación indígena en Veracruz no debe ser tratada por funcionarios sin escrúpulos como una educación de segunda. No puede depender de que los padres bloqueen una carretera para que llegue un maestro. No puede estar sometida al humor de un supervisor, a la conveniencia de una oficina o al compadrazgo disfrazado de movimiento de personal.
Los niños de Moxala merecen lo mismo que cualquier niño de Xalapa, Veracruz, Boca del Río o Córdoba: un maestro frente a grupo, clases completas, continuidad académica y condiciones dignas para aprender.
Lo ocurrido en Tequila debe servir como advertencia.
No para presumir que se resolvió un caso, sino para preguntarse cuántos casos más siguen escondidos en las montañas, en la Huasteca, en el Totonacapan, en las comunidades más intrincadas de Veracruz, donde la falta de maestro no siempre se convierte en noticia.
Claudia Tello ya se metió al terreno. Ahora falta que juegue todo el partido. Trabe a quien tenga que trabar, porque con los niños no y con los niños indígenas, menos. No hay vuelta atrás.
