Jorge Ramón Rizzo*
Focus Group
Aunque formalmente aún no ha sido nombrado como Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, ya que el cargo requiere la aprobación del poder legislativo, Jay Clayton, actual fiscal de Nueva York y responsable del caso contra el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, ha visto materializar para su causa, el apoyo del Presidente Donald Trump, tras nominarlo como su nueva carta para ser el mero mero de la inteligencia gringa, confirmando su enfoque de mano dura contra el crimen transfronterizo.
Estados Unidos manda un mensaje de advertencia, presión institucional y endurecimiento de la estrategia de seguridad a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. De confirmarse la llegada de Clayton, estaremos presenciando la elevación de la «Narcopolítica» a rango de prioridad para la Inteligencia Nacional Americana, lo que debe poner a temblar a muchos en México.
Con esta postulación queda confirmado que para la administración de Trump, los procesos judiciales liderados por Clayton son la herramienta ideal para exponer la corrupción institucional y frenar el flujo de drogas. Al promover a Clayton, el presidente Trump también avala directamente el rigor de las investigaciones y los casos judiciales en curso, aunque en México la Presidenta sigue pidiendo «pruebas, pruebas y pruebas».
Para el gobierno estadounidense, desarticular la red de complicidades entre autoridades locales mexicanas y el crimen organizado en Sinaloa es considerado un asunto de seguridad nacional, dada la crisis de nuestros vecinos en materia de salud pública por el tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos.
Y es que, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, bajo el liderazgo de Clayton, presentó una acusación formal que involucra a una decena de altos funcionarios mexicanos, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
En ese mismo paquete de casos, aparece el general Mérida Sánchez, a quien se le acusa de recibir sobornos mensuales por parte de la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa a cambio de filtrar información sobre operativos y no interferir en sus actividades de narcotráfico.
El caso contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa no es un asunto menor, ya que el exmando militar mexicano se entregó a las autoridades estadounidenses en Nogales y fue trasladado a un penal de alta seguridad en Nueva York; pero cobra un significado aún mayor, al mostrar una clara estrategia donde el sistema de justicia y los aparatos de inteligencia estadounidenses colaboran estrechamente para procesar a oficiales extranjeros acusados de narcotráfico.
La evolución de este juicio no solo definirá el destino legal del general mexicano en retiro, sino que marcará el precedente de cómo la administración Trump continuará abordando la cooperación en materia de seguridad y la presunta narcocorrupción en el extranjero.
Bajo esa panorámica, queda claro que la actuación de Clayton en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y el caso contra Mérida Sánchez cuentan con el respaldo total de Trump, dotando a estas acciones judiciales de un peso político ineludible. Y por eso mismo, las investigaciones contra políticos de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Baja California y otras entidades, cobrará mayor relevancia para la agenda de la inteligencia norteamericana.
Por todo ello, Trump ha decantado por Clayton, luego del fuerte rechazo político que generó su primera opción interina, Bill Pulte, a quien se le considera un aliado sin experiencia en el sector. Mientras que con Clayton en la Dirección de Inteligencia, la Casa Blanca poseerá información detallada y expedientes abiertos sobre la presunta infiltración del crimen organizado en gobiernos estatales actuales de México. Esto le dará a Trump una enorme ventaja política y de negociación frente a Sheinbaum en temas clave como la revisión del T-MEC, el control migratorio y la soberanía de los operativos de seguridad.
Por lo que para la administración de Sheinbaum, la llegada de Clayton implica que las agencias estadounidenses, como la DEA y el aparato de inteligencia en general, operarán bajo una línea mucho más agresiva y menos dispuesta a la diplomacia tradicional.
La acción de la que he estado hablando en la presente entrega, es un mensaje directo para que el gobierno mexicano colabore en la captura o entrega de objetivos del Cártel de Sinaloa. Al tiempo que impone un costo político alto, si la administración federal en México decide defender públicamente a los funcionarios señalados en las cortes de Nueva York. ¡Las cosas se le pondrán color de hormiga a la señora presidenta!
*Periodista/Tlaxcala
