Mara I. Cruz Pastrana
Hay algo que la clase política veracruzana parece no haber entendido del todo, la ciudadanía ya cambió.
Durante décadas, los partidos políticos que confluyen en el estado han construido sus estrategias bajo una lógica que parecía inamovible. Las estructuras territoriales, los acuerdos de grupo, los liderazgos tradicionales y la movilización electoral fueron las herramientas que definieron la competencia política. Fue una época en la que la información circulaba lentamente, las voces ciudadanas tenían pocos o no tenían espacios para expresarse y la comunicación entre gobernantes y gobernados estaba mediada casi exclusivamente por instituciones, medios de comunicación y organizaciones políticas. Pero hoy, ese escenario ya no existe.
La irrupción de las redes sociales, el acceso inmediato a la información y la creciente participación de la sociedad en los asuntos públicos han transformado profundamente la relación entre quienes ejercen el poder y quienes lo legitiman mediante el voto. La ciudadanía dejó de ser un actor pasivo que intervenía únicamente durante los procesos electorales. Hoy participa, cuestiona, critica, propone y evalúa de manera permanente.
La política enfrenta una nueva realidad y, sin embargo, muchos de sus protagonistas continúan actuando como si nada hubiera cambiado. Las viejas prácticas ya están a la vista en la ruta electoral que aún no empieza.
En Veracruz este fenómeno resulta especialmente evidente, es un estado complejo, diverso y con profundas desigualdades regionales. Los problemas históricos siguen presentes: la inseguridad, el rezago en infraestructura, las dificultades económicas, las carencias en los servicios públicos y las demandas sociales que durante años han esperado soluciones definitivas. Sin embargo, lo que sí ha cambiado es la actitud de la población frente a esos problemas.
La paciencia ciudadana se ha reducido considerablemente. Los discursos elaborados, las justificaciones recurrentes y las promesas de largo plazo ya no generan el mismo efecto que en otros tiempos. La sociedad actual exige respuestas concretas y resultados verificables. Adiós a promesas que no se cumplen.
Cada anuncio gubernamental en todos los niveles es sometido al escrutinio inmediato de miles de personas. Cada decisión pública genera reacciones instantáneas. Cada error se difunde con velocidad. Pero también cada acierto puede ser reconocido y respaldado cuando existe evidencia de resultados.
La ciudadanía ya no se conforma con escuchar explicaciones sobre responsabilidades heredadas. La pregunta que prevalece es mucho más simple y directa: ¿quién resolverá los problemas?
Este cambio obliga a replantear la forma en que se entiende y se ejerce la política.
Durante muchos años, una parte importante de la estrategia electoral consistió en construir acuerdos entre grupos de poder, fortalecer estructuras partidistas y garantizar mecanismos de movilización. Sin duda, esos elementos siguen teniendo relevancia. No obstante, pensar que son suficientes para obtener legitimidad en el contexto actual constituye un grave error de cálculo. Lo que funcionaba antes deja de funcionar de un día para otro. La legitimidad moderna no se construye únicamente durante las campañas electorales. Se construye todos los días.
Se construye cuando una autoridad responde oportunamente a las demandas ciudadanas. Se fortalece cuando existe transparencia en el manejo de los recursos públicos. Crece cuando las instituciones muestran capacidad para resolver problemas y disminuye cuando prevalece la falta de resultados y la indiferencia. La ciudadanía contemporánea observa, compara y evalúa permanentemente.
Además, existe un elemento que merece una reflexión profunda: la recuperación de la escucha como herramienta fundamental de la política.
Escuchar no significa únicamente abrir espacios de diálogo o realizar foros públicos. Escuchar implica reconocer que las críticas también forman parte de la vida democrática. Significa aceptar que la inconformidad social no necesariamente representa una amenaza, sino una oportunidad para corregir errores y mejorar decisiones.
En ocasiones, la política mexicana parece atrapada en una dinámica de confrontación constante donde toda crítica es interpretada como un ataque y toda diferencia de opinión se convierte en motivo de polarización. Esa lógica empobrece el debate público y dificulta la construcción de consensos. Veracruz necesita exactamente lo contrario.
Necesita una política capaz de dialogar con quienes piensan distinto. Necesita instituciones abiertas a la participación ciudadana. Necesita liderazgos que comprendan que la autoridad no se fortalece mediante la imposición, sino mediante la confianza. La confianza, por cierto, es uno de los activos más valiosos y más escasos en la vida pública contemporánea.
La sociedad confía cuando observa congruencia entre el discurso y los hechos. Confía cuando percibe honestidad en el ejercicio del poder. Confía cuando los resultados son visibles y cuando los compromisos asumidos se cumplen.
Por el contrario, la confianza se erosiona rápidamente cuando prevalecen las promesas incumplidas, la opacidad o la desconexión con las necesidades reales de la población.
A medida que se aproximan nuevos procesos políticos y electorales, la clase política veracruzana haría bien en observar con atención esta transformación social.
Las campañas basadas exclusivamente en estructuras, discursos tradicionales o estrategias de movilización pueden encontrar cada vez mayores límites frente a una ciudadanía más informada, más exigente y más consciente de sus derechos.
La verdadera disputa política del futuro no será únicamente por los votos. Será por la credibilidad. Y la credibilidad no se decreta ni se impone. Se gana. Se gana mediante gobiernos eficaces, representantes cercanos a la gente, instituciones transparentes y una disposición genuina para escuchar y resolver.
Veracruz enfrenta enormes desafíos, pero también posee una sociedad cada vez más activa y participativa. Esa ciudadanía representa una oportunidad extraordinaria para fortalecer la democracia, mejorar las políticas públicas y construir gobiernos más sensibles a las necesidades de la población.
Quizá la transformación más importante que aún está pendiente no sea un cambio de colores partidistas ni una nueva narrativa política. Quizá el verdadero cambio consista en comprender que el poder público existe para servir a la sociedad y no para servirse de ella.
La ciudadanía veracruzana ya cambió. Ha evolucionado, se informa, participa y exige.
La pregunta que queda en el aire es tan sencilla como trascendente: ¿está la política veracruzana dispuesta a cambiar con ella?
