Salvador Muñoz
Los Políticos
La detención del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, acusado por el delito de violencia familiar, puede interpretarse como una buena señal…
No necesariamente para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que bastante tiene con administrar sus propios frentes, sino para miles de mujeres que, por momentos, llegaron a pensar que aquello de “Llegamos todas” corría el riesgo de quedarse como una frase poderosa para el discurso, pero tímida en los hechos.
Porque la justicia también comunica. Y cuando actúa, manda mensajes. Lo mismo cuando decide no hacerlo.
En los primeros meses del gobierno de la primera mujer Presidenta de México, el primer gran examen sobre ese compromiso con las mujeres no fue una reforma constitucional ni un programa social. Fue el caso de Cuauhtémoc Blanco.
La acusación presentada por su media hermana, Nidia Fabiola, colocó a Morena frente a un espejo incómodo: respaldar el discurso o proteger a uno de los suyos. La mayoría legislativa eligió lo segundo. Sus diputados —y también varias diputadas— de Sheinbaum desecharon la solicitud de desafuero y, con ello, dejaron abierta una grieta entre la narrativa y la realidad.
Habrá quien sostenga que hicieron lo correcto. Que nadie puede ser condenado sin pruebas suficientes. Que el debido proceso debe prevalecer sobre la presión mediática. Y es un argumento perfectamente válido.
Pero también es válido reconocer que la política vive de símbolos. Y aquel día el símbolo que quedó fue otro: cuando el acusado pertenece a la familia política, el entusiasmo por hacer justicia parece administrarse con mayor prudencia.
El caso de Víctor Rodríguez Padilla es distinto.
Aquí existe un video. Una imagen que prácticamente anuló el margen para el beneficio de la duda en la conversación pública. Es una de esas grabaciones que vuelven imposible el viejo deporte nacional de hacerse de la vista gorda.
La evidencia visual pesa.
No sustituye a los jueces, pero sí modifica la percepción social.
Y cuando una sociedad observa una agresión con sus propios ojos, resulta mucho más complicado construir coartadas políticas o discursos de ocasión.
Quizá por eso la reacción fue distinta.
No porque la ley cambie, sino porque la opinión pública también impone costos.
Pero el problema aparece cuando la justicia parece depender de la existencia de un video. Como si las mujeres, además de denunciar, tuvieran que convertirse en camarógrafas de su propio sufrimiento para que entonces sí el Estado decida escuchar.
Y ahí es donde la frase “Llegamos todas” vuelve a ser puesta a prueba.
Porque no todas llegan al mismo tiempo.
Ni con la misma velocidad.
Ni con el mismo respaldo institucional.
En Veracruz existe otro expediente que sigue flotando entre el silencio y el paso del tiempo.
La denuncia presentada por “Martha” contra quien entonces era delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, allá por 2020, permanece como uno de esos asuntos que periódicamente regresan a la conversación pública sin que exista una conclusión que permita hablar de justicia o de absolución definitiva.
Y el tiempo, cuando se trata de estos casos, tampoco suele ser inocente.
También desgasta.
También desanima.
También manda mensajes.
Felicia dio un paso enorme al denunciar y hoy observa que, al menos, las instituciones parecen moverse.
Nidia sigue cargando el peso de un caso que dividió opiniones y terminó protegido por una mayoría parlamentaria.
“Martha” continúa esperando que su denuncia encuentre una respuesta que vaya más allá del archivo de la memoria colectiva.
Quizá el verdadero reto del gobierno de Claudia Sheinbaum no consista en repetir que llegaron todas.
Consista en demostrar que la justicia también llega para todas.
Porque las consignas inspiran.
Pero sólo la justicia convence.
