Pepe Cortés
La primera alerta se encendió en el Congreso de Veracruz.
Los diputados de oposición, encabezados por el PAN, votaron en contra de la reforma a la revocación de mandato y advirtieron desde la tribuna que los nuevos requisitos endurecen el mecanismo hasta el punto de volverlo mucho más difícil de ejercer. Su argumento fue claro: una figura creada para fortalecer el control ciudadano no puede terminar convertida en un derecho casi inalcanzable.
Lo que parecía un debate entre mayoría y oposición pronto adquirió una dimensión nacional.
Días después, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitaría a la Consejería Jurídica revisar el contenido de la reforma para determinar si los cambios aprobados restringen el derecho de participación ciudadana. No afirmó que la reforma fuera inconstitucional ni la descalificó de inmediato, pero el solo hecho de ordenar una revisión demuestra que existen dudas legítimas sobre sus alcances.
Y cuando una reforma genera cuestionamientos tanto desde la oposición como dentro del propio oficialismo, el debate deja de ser político para convertirse en un asunto de calidad democrática.
Durante años, Morena construyó una parte importante de su narrativa sobre una idea poderosa: “el pueblo pone y el pueblo quita”. La revocación de mandato fue presentada como una conquista ciudadana, un instrumento para que ningún gobernante pudiera sentirse intocable entre una elección y otra.
Sin embargo, la reforma aprobada en Veracruz parece caminar en sentido contrario.
Exigir el respaldo de aproximadamente 750 mil ciudadanos, equivalentes al 10% de la Lista Nominal de Electores, no es un simple ajuste técnico. Es un umbral tan elevado que puede convertir un derecho constitucional en una herramienta prácticamente imposible de activar.
Por supuesto que un mecanismo de esta naturaleza debe contar con filtros que eviten su uso irresponsable o con fines de desestabilización. Pero una cosa es impedir el abuso y otra muy distinta hacer inviable su ejercicio.
Las democracias sólidas no fortalecen a los gobiernos debilitando a los ciudadanos.
Fortalecen a los ciudadanos para que ningún gobierno, del partido que sea, se coloque por encima del escrutinio público.
Las constituciones no deben redactarse para proteger a quienes hoy ocupan el poder. Deben construirse pensando en los derechos de quienes mañana podrían necesitar defenderse del poder.
Ese es el principio republicano.
Porque los gobiernos son temporales.
Los derechos ciudadanos deben ser permanentes.
Por eso la discusión no debería centrarse en si hoy gobierna Morena o mañana gobierna otro partido. La verdadera pregunta es si Veracruz está construyendo instituciones que faciliten la rendición de cuentas o instituciones que hagan cada vez más difícil exigirla.
Cuando un derecho existe en la Constitución, pero sus requisitos lo vuelven casi imposible de ejercer, deja de ser un derecho efectivo para convertirse en una promesa simbólica.
Eso debilita la confianza ciudadana.
Y una democracia sin confianza termina dependiendo más de los candados legales que de la legitimidad política.
Quien gobierna bien no necesita blindajes.
Quien confía en el respaldo popular no teme a la participación ciudadana.
Y quien realmente cree que el pueblo pone y el pueblo quita, no eleva los obstáculos para que el pueblo pueda ejercer ese derecho.
Porque el problema nunca ha sido que los ciudadanos tengan demasiado poder.
El verdadero riesgo para cualquier democracia comienza cuando el poder deja de confiar en los ciudadanos.
@pepecortesmx
Abogado, economista, activista político, militante del PAN desde 1999, consejero estatal del PAN en Veracruz.
