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Hay funcionarios que entienden que el cargo es para servir. Y hay otros que parecen convencidos de que el ciudadano debe hacer una peregrinación burocrática para tener el privilegio de ser escuchado.
Todo indica que el Director General de Recaudación de Veracruz, Israel Octavio Caballero de la Rosa, pertenece a la segunda categoría.
La nueva «innovación administrativa» consiste en que, si un contribuyente quiere presentar un escrito dirigido a la Dirección General de Recaudación, no lo atienda la propia Dirección General. Que vaya primero a una Oficina de Hacienda. Que ahí lo reciban. Que lo canalicen. Que alguien más haga el trabajo. En otras palabras: poner más ventanillas entre el ciudadano y la autoridad.
Entonces surge una pregunta tan incómoda como legítima:
¿Para qué existe una Dirección General de Recaudación si no quiere recibir directamente a los contribuyentes?
El artículo 8 de la Constitución no dice que el derecho de petición dependa del humor del funcionario en turno. El Código Financiero del Estado tampoco establece que las autoridades fiscales puedan declararse «ocupadas» para recibir promociones dirigidas a ellas. La ley habla de atender, resolver y responder. No de esconderse detrás del organigrama.
Porque conviene recordar algo que algunos parecen olvidar cuando reciben un nombramiento.
No son virreyes. Son servidores públicos.
El escritorio donde despachan, el aire acondicionado, el vehículo oficial, el salario y hasta el café de la oficina existen gracias a los impuestos que pagan esos mismos ciudadanos a quienes hoy se les pretende cerrar la puerta.
Lo preocupante es que estas decisiones no sólo exhiben a un funcionario; terminan golpeando la imagen de todo un gobierno.
Mientras el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, enfrenta el reto de recuperar la confianza de los contribuyentes y mejorar la recaudación, resulta difícil explicar por qué uno de sus principales colaboradores parece empeñado en hacer exactamente lo contrario: alejar a la ciudadanía de la autoridad.
Y, como ya es costumbre, las críticas terminan llegando hasta Palacio de Gobierno.
Porque cada vez vuelve a escucharse con más fuerza una pregunta en Veracruz:
Gobernadora Rocío Nahle, ¿éste es el trato que merecen los veracruzanos cuando acuden a una dependencia pública?
Y otra más, que tampoco deja de repetirse en los cafés, en las oficinas y en las filas de Hacienda:
¿Por qué siguen llegando funcionarios de otros estados a ocupar cargos estratégicos, mientras tantos veracruzanos con experiencia permanecen relegados?
La discusión nunca debería ser el lugar de nacimiento de nadie. Lo verdaderamente importante es la capacidad, los resultados y el compromiso con Veracruz. Pero cuando un funcionario acumula decisiones que generan molestia ciudadana, inevitablemente vuelve el debate sobre los perfiles que integran el gobierno.
La Cuarta Transformación prometió cercanía con el pueblo, puertas abiertas y un gobierno diferente. Sin embargo, decisiones como ésta transmiten exactamente el mensaje contrario: más burocracia, más distancia y menos disposición para escuchar al ciudadano.
Al final, la pregunta sigue sin respuesta.
¿Para qué mantener una Dirección General de Recaudación si los contribuyentes tienen que buscar a alguien más para que haga el trabajo que esa Dirección está obligada a realizar?
Porque el poder no se mide por cuántas puertas puede cerrar un funcionario.
Se mide por cuántos ciudadanos puede atender con respeto, legalidad y responsabilidad.
