Una nueva controversia coloca al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) en el centro del debate jurídico y social. Organizaciones sindicales denunciaron que, desde finales de 2024, el Instituto modificó el criterio para determinar el llamado sueldo regulador, provocando reducciones de entre 30% y 60% en el monto de las percepciones reconocidas para el cálculo de pensiones de cientos de trabajadores.
La medida ha sido calificada por representantes sindicales como ilegal, inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, al considerar que aplica de manera retroactiva disposiciones de la Ley 287 del IPE, en abierta contradicción con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe dar efectos retroactivos a una ley en perjuicio de persona alguna.
Para el bloque de unidad sindical, integrado por más de 63 organizaciones de trabajadores y del magisterio, el problema no es menor: sostienen que el IPE está modificando las reglas del juego cuando miles de servidores públicos ya habían cotizado durante años bajo condiciones distintas, afectando derechos adquiridos y la seguridad jurídica de quienes están próximos a jubilarse.
Los dirigentes recordaron que el 27 de abril de 2026 solicitaron formalmente una reunión con la gobernadora Rocío Nahle García para exponer la problemática y buscar una solución institucional. Sin embargo, aseguran que no obtuvieron respuesta.
Ante el silencio oficial, el 15 de junio presentaron una segunda solicitud de audiencia. Nuevamente, afirman, no hubo respuesta por parte del Gobierno del Estado.
La inconformidad escaló el 16 de junio, cuando en una conferencia de prensa las organizaciones sindicales hicieron pública la modificación del criterio aplicado por el IPE y advirtieron sobre las graves consecuencias económicas que enfrentan miles de trabajadores al momento de tramitar su pensión.
El bloque sindical sostiene que su exigencia no busca privilegios, sino el respeto al principio de irretroactividad de la ley, a la seguridad jurídica y a los derechos laborales reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Juristas consultados coinciden en que, de comprobarse que el Instituto está aplicando una interpretación nueva para afectar cotizaciones realizadas durante años bajo un régimen distinto, podrían existir elementos suficientes para promover juicios de amparo y otras acciones legales, al tratarse de posibles afectaciones a derechos adquiridos.
La preocupación crece entre la base trabajadora, pues muchos servidores públicos que dedicaron décadas al servicio del Estado hoy enfrentan la incertidumbre de recibir una pensión significativamente menor a la que planearon durante toda su vida laboral.
Mientras el Gobierno de Veracruz mantiene silencio, las organizaciones sindicales reiteran que continuarán impulsando el diálogo, aunque advierten que no descartan acudir a los tribunales para defender los derechos de miles de trabajadores veracruzanos.
Porque una cosa es reformar una ley hacia el futuro, y otra muy distinta es cambiar las reglas cuando el trabajador ya cumplió con sus obligaciones durante años. Esa diferencia no solo tiene implicaciones administrativas: es un asunto de legalidad, de constitucionalidad y de respeto a los derechos humanos.
