Pepe Cortés | @pepecortesmx
Nada daña más una competencia que la sospecha de que el resultado no depende únicamente de lo que ocurre en la cancha.
El futbol vive de la pasión, pero se sostiene en la confianza. Los aficionados aceptan una derrota cuando creen que fue consecuencia del talento, la estrategia o el esfuerzo del rival. Lo que cuesta aceptar es la percepción de que las decisiones arbitrales o disciplinarias favorecen sistemáticamente a determinados intereses.
La FIFA arrastra desde hace décadas un historial de escándalos de corrupción. Sobornos, dirigentes procesados, asignaciones de sedes cuestionadas y decisiones opacas deterioraron profundamente la credibilidad de una organización que durante demasiado tiempo pareció no rendir cuentas a nadie.
Ese pasado explica por qué hoy cualquier decisión polémica despierta sospechas. Cuando una institución pierde legitimidad, incluso sus determinaciones correctas dejan de parecer imparciales.
En ese contexto aparece Argentina.
Nadie puede negar la calidad de sus futbolistas ni el enorme talento que históricamente ha producido. Sin embargo, alrededor de sus triunfos recientes también se han acumulado cuestionamientos sobre el arbitraje y los criterios disciplinarios.
Esas percepciones no prueban corrupción, pero sí ponen a prueba la credibilidad de quienes imparten justicia dentro de la cancha. Porque un árbitro puede equivocarse; lo que no puede perder es la confianza de quienes creen en su imparcialidad. La legitimidad no se impone; se construye.
Si los aficionados perciben que existen selecciones con trato preferencial, el problema deja de ser exclusivamente deportivo y se convierte en una crisis institucional. La credibilidad de un campeonato depende tanto del talento de los jugadores como de la confianza que inspiren quienes hacen cumplir las reglas.
El mayor patrimonio de la FIFA no son sus derechos de televisión, sus patrocinadores o sus ingresos comerciales. Es la certeza de que todos compiten bajo las mismas reglas.
Cuando la duda sustituye a la confianza, el futbol pierde su esencia.
Esa crisis de legitimidad no es ajena a México.
Así como el árbitro representa la autoridad dentro de la cancha, la Fiscalía General de la República representa la autoridad encargada de aplicar la ley. Ambas instituciones dependen de un mismo principio: la confianza en su imparcialidad.
El problema comienza cuando una parte de la sociedad percibe que el árbitro ya no mide todas las jugadas con el mismo criterio.
El reciente y mediático caso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel refleja esa crisis de confianza. Ruffo enfrenta una investigación por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles conocida como “huachicol fiscal”.
Será en los tribunales donde deban presentarse las pruebas, determinarse responsabilidades y garantizarse plenamente su derecho de defensa. Ni su trayectoria política puede otorgarle impunidad ni la acusación de la Fiscalía debe considerarse, por sí sola, una sentencia.
Pero el debate público va mucho más allá de Ruffo.
Una operación de contrabando de combustibles de grandes dimensiones difícilmente puede desarrollarse sin la participación o la omisión de múltiples actores. Aduanas, autoridades responsables del control fiscal, redes empresariales y otros posibles beneficiarios también deben formar parte de una investigación seria.
La justicia no puede concentrar toda su fuerza en un solo imputado y guardar silencio frente a cualquier otro servidor público o particular que pudiera aparecer relacionado con los mismos hechos.
La exigencia no debe ser liberar a Ruffo por haber sido panista. Debe ser investigar a todos con el mismo rigor con el que se investiga a Ruffo.
Eso implica revisar la actuación de las autoridades responsables de las aduanas, identificar las redes empresariales involucradas y esclarecer si existieron omisiones, complicidades o mecanismos de protección.
De lo contrario, la investigación corre el riesgo de convertirse en una narrativa cuidadosamente seleccionada: máxima exposición para un solo imputado y mínima voluntad para seguir las huellas que conduzcan hacia los demás responsables.
Cuando la justicia —como el arbitraje— deja de parecer imparcial, pierde su autoridad moral. En esas condiciones, el veredicto parece depender menos de las pruebas y más del color de la camiseta de quien está sentado en el banquillo.
Al igual que el futbol, la democracia también sobrevive gracias a la confianza. Los ciudadanos deben creer que la ley se aplica exactamente igual al gobernante, al empresario, al opositor y al aliado del poder.
Si esa confianza desaparece, ninguna mañanera, expediente filtrado o condena mediática podrá sustituirla.
Porque cuando el ciudadano comprende que el árbitro juega para un solo equipo, el verdadero derrotado no es quien hoy ocupa el banquillo de los acusados.
Es el Estado de derecho.
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Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es Consejero Estatal del PAN en Veracruz, analista político y económico, y ex Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
