Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
La discusión sobre el sueldo regulador del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ha llegado con más carga política que jurídica.
Mientras algunos sectores la presentan como un recorte a las pensiones, el verdadero debate debería centrarse en una pregunta mucho más importante: ¿cómo garantizar que el sistema de pensiones siga existiendo para las próximas generaciones?
El contexto internacional ofrece una pista. La República Federal de Alemania aprobó una de las reformas más profundas de su sistema de pensiones para enfrentar el envejecimiento de la población.
Entre las medidas destacan el aumento gradual de la edad de retiro conforme aumenta la esperanza de vida, aportaciones obligatorias al ahorro privado y la eliminación de esquemas de jubilación anticipada sin penalización.
El mensaje es claro: ningún sistema de pensiones puede sostenerse ignorando la realidad demográfica y financiera.
En Veracruz, la discusión parece haberse detenido en un punto muy distinto.
La reforma que introdujo el sueldo regulador fue aprobada desde 2014 y estableció que la pensión dejara de calcularse con el último salario para tomar como referencia el promedio de los años cotizados, actualizado por inflación.
No fue una decisión improvisada, sino un mecanismo diseñado para cerrar una práctica que durante años distorsionó el sistema.
Durante mucho tiempo, numerosos trabajadores obtenían ascensos o cambios de plaza poco antes de jubilarse.
Las llamadas «plazas comodín» permitían incrementar artificialmente el salario final y, con ello, recibir una pensión muy superior a la que correspondía a las aportaciones realizadas durante toda una vida laboral. El beneficio individual terminaba convirtiéndose en un costo colectivo.
La consecuencia fue un sistema sometido a una enorme presión financiera.
Hoy el IPE atiende a cerca de 38 mil pensionados y enfrenta una creciente demanda de trabajadores que ya cumplen con los requisitos para retirarse.
En estas condiciones, mantener esquemas que premiaban incrementos salariales de última hora significaría trasladar el costo a todos los derechohabientes y comprometer la estabilidad del instituto.
De ahí que resulte impreciso afirmar que el sueldo regulador representa un recorte de las pensiones.
Lo que modifica es la forma de calcularlas para que exista una relación más justa entre lo aportado y lo recibido.
El sistema solidario del IPE continúa garantizando el pago de por vida al pensionado y, en su caso, a sus beneficiarios, una protección que difícilmente podría sostenerse si persistieran los privilegios del pasado.
Otro aspecto que suele alimentar la polémica es la exclusión de las compensaciones del cálculo pensionario.
Sin embargo, estas percepciones extraordinarias nunca formaron parte del salario base de cotización.
En muchas dependencias, el sueldo registrado era relativamente bajo mientras la mayor parte del ingreso provenía de compensaciones.
Pretender pensionarse con base en montos que no generaron las aportaciones correspondientes rompería cualquier principio de equilibrio actuarial.
La discusión, por tanto, no debería centrarse en revertir una reforma vigente desde hace más de una década, sino en fortalecer al IPE frente a un desafío que apenas comienza: el envejecimiento de la población, la disminución de trabajadores activos por cada pensionado y la necesidad de garantizar la viabilidad financiera del sistema.
La sostenibilidad de un instituto de pensiones exige decisiones responsables, aunque resulten impopulares.
La verdadera defensa de los trabajadores no consiste en preservar privilegios para unos cuantos, sino en asegurar que todos puedan recibir una pensión digna cuando llegue el momento de su retiro.
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