Pepe Cortés
Hay decisiones que parecen insignificantes. Cambiar de canal, elegir una estación de radio, abrir un periódico o seguir una cuenta en redes sociales forman parte de la vida diaria. Sin embargo, detrás de esos actos aparentemente simples se encuentra una de las libertades más importantes de una democracia: la libertad de elegir qué información consumimos y en quién decidimos confiar.
La democracia parte de una premisa sencilla, pero profunda: los ciudadanos son capaces de pensar por sí mismos. Por eso el Estado no decide qué periódico debemos leer, qué estación debemos escuchar o qué canal debemos ver. Su obligación no es orientar nuestras preferencias, sino garantizar que podamos ejercerlas en libertad.
En toda democracia existe una tensión natural entre el poder político y los medios de comunicación. Los gobiernos buscan explicar y defender sus decisiones; los medios investigan, cuestionan y, en ocasiones, también se equivocan. Esa relación puede resultar incómoda, pero es indispensable. Una prensa complaciente debilita a la democracia; un poder que no tolera el escrutinio también.
Esa tensión volvió a hacerse evidente cuando la presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente a los ciudadanos no ver TV Azteca. Sin embargo, el Mundial contó una historia diferente. Fueron las personas, desde sus casas y con el control remoto en la mano, quienes decidieron qué transmisión seguir, qué narradores escuchar y qué canal preferir.
La realidad terminó recordando algo elemental: las preferencias de los ciudadanos no se decretan desde el poder.
El Mundial no convirtió a una televisora en árbitro de la verdad ni resolvió las diferencias entre el gobierno y un medio de comunicación. Pero sí dejó una lección democrática: la decisión final pertenece a la audiencia. El ciudadano puede coincidir con el gobierno, respaldar al medio, desconfiar de ambos o cambiar de canal. Lo importante es que conserve el derecho de decidir sin instrucciones del poder.
El problema no es que un gobierno responda a las críticas. En una sociedad libre, toda autoridad tiene derecho a defender sus decisiones, presentar argumentos, exhibir datos y señalar información falsa. La libertad de expresión también protege a quienes gobiernan.
El problema comienza cuando la respuesta institucional se transforma en una recomendación para dejar de escuchar, leer o ver a determinadas voces. En ese momento, la discusión ya no gira únicamente alrededor de la veracidad de una noticia. También aparece una pregunta más profunda: ¿Debe el poder político indicarle a la sociedad cuáles medios merecen ser escuchados?
Existe, además, un elemento que suele pasar inadvertido: la confianza.
Ni el gobierno puede decretarla ni los medios pueden exigirla. La confianza se construye lentamente, mediante credibilidad, coherencia y hechos. Puede tardar años en consolidarse, perderse en cuestión de días y resultar muy difícil de recuperar.
Cuando un gobierno intenta influir en las preferencias informativas de la sociedad, el problema no es únicamente la crítica contra un medio. El mensaje implícito es que los ciudadanos necesitan que el poder les indique qué voces merecen su confianza. Esa lógica contradice el principio mismo de una sociedad libre.
Pero esa exigencia también alcanza a los medios de comunicación.
La libertad de prensa no constituye una patente de infalibilidad. Los medios tienen la responsabilidad de verificar los hechos, distinguir con claridad entre información y opinión, corregir sus errores y actuar con independencia. Su credibilidad no depende únicamente del tamaño de su audiencia, sino de la confianza que sean capaces de generar.
Un medio no se vuelve confiable porque millones de personas lo sintonicen, así como un gobierno no se vuelve incuestionable porque haya ganado una elección. La audiencia otorga alcance; las urnas conceden legitimidad. Pero la confianza debe ganarse todos los días.
Al final, tanto los gobiernos como los medios enfrentan el mismo desafío: ninguno puede imponer la confianza. Ambos deben construirla con hechos.
En una democracia, el mejor árbitro no es el poder político ni las empresas de comunicación. Es la ciudadanía.
Cada persona tiene derecho a contrastar versiones, cuestionar afirmaciones, identificar intereses y formar su propio criterio. Un ciudadano libre no necesita tutores para decidir qué leer, qué escuchar o a quién creer. Necesita información suficiente, diversidad de voces y libertad para elegir.
Las sociedades abiertas no se construyen sobre verdades oficiales ni sobre voces únicas. Se construyen mediante el libre intercambio de ideas, la competencia entre argumentos y la confianza en que los ciudadanos poseen la madurez necesaria para decidir por sí mismos.
La libertad de prensa protege a los medios.
La libertad de expresión protege las ideas.
La confianza no se decreta: se gana.
Y la democracia protege el derecho del ciudadano a decidir.
Porque el control remoto no le pertenece al gobierno.
Le pertenece a la sociedad.
@pepecortesmx
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Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal del PAN en Veracruz, analista político y económico, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
