Ángeles González Ceballos
El presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, acudió este martes al Congreso del Estado a presentar pruebas, luego de haber sido notificado sobre una carpeta de investigación en su contra promovida por la Fiscalía General del Estado.
En entrevista, el edil de Movimiento Ciudadano, explicó que con ello busca la contestación debida conforme a Derecho para poder demostrar su inocencia ante lo que calificó como un «linchamiento mediático e injusto».
González Martínez esquivó dar a conocer el delito o los delitos que se le estarían imputando, toda vez que debe respetar el debido proceso.
Lo que sí dijo es que están haciendo referencia a una supuesta fotografía donde se le ve portando un arma de fuego, específicamente una «cuerno de chivo».
Sin embargo, enfatizó que dicho elemento probatorio no consta formalmente en los expedientes revisados.
«Nos estamos presentando ahorita en tiempo y forma para poder entregar la documentación debida de las pruebas que nos acrediten como inocentes. La fotografía como tal no la hemos tenido a la vista. Ya tuvimos 7 días, nosotros revisamos, no existe tal fotografía en la carpeta», sostuvo.
El Alcalde señaló que existen antecedentes de ataques digitales mediante la edición de contenidos en redes sociales para perjudicar la imagen de su gestión.
«La ciudadanía de Ixhuatlán del Sureste y muchas partes pudieron constatar que yo fui presa de sistemas mediáticos de perfiles falsos, que subían constantes fotografías que eran sacadas de nuestra página o tomadas de nuestra página y convertidas con Inteligencia Artificial, a través de que yo tuviera armamento en mis manos.
A través de algunos peritos vamos a demostrar que lo que se lleva es a través de IA, se me hace un poquito injusto que se me pueda vincular de esa forma», señaló.
Cuestionado sobre su relación con la comunicadora Roxana Guzmán, González Martínez descartó tajantemente haber tenido cualquier tipo de trato o conflicto con ella.
«Somos municipios pequeños. Ixhuatlán del Sureste tiene 20 mil habitantes y Nanchital ha de tener alrededor de unos 38 mil habitantes, pero nos conocemos.
Sabía que la comunicadora tenía un trabajo, sin embargo, nunca crucé palabra, nunca tuve una relación con ella. Ni la conocí ni tuve un elemento de decir que haya yo tenido una relación», aseguró.
Se dijo como el primer interesado en que el asunto se resuelva por el bien de la familia, pero también por el bien de la suya, porque debido al «linchamiento mediático» lo han llamado asesino y autor intelectual del crimen de la comunicadora sin tener aún todavía un proceso.
Respecto al estatus de los elementos de la Policía Municipal detenidos, entre ellos el comandante de la corporación local, el munícipe aclaró que el mando fue canalizado de manera oficial a sus evaluaciones regulatorias antes de asumir las funciones.
«Nosotros lo mandamos a su (examen) de Control de Confianza, fue aprobado y contaba con una acreditación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos están también en un debido proceso, tienen quién los defienda y sus propios abogados. Va a a ser la Fiscalía quien se va a encargar de determinar quién tiene una culpabilidad y quién no», externó.
El Alcalde subrayó que el Ayuntamiento continúa con sus actividades administrativas habituales sin interrupciones.
«Nosotros no hemos parado. Las direcciones han estado laborando. La ciudadanía votó para que hubiera un presidente que trabajara y es lo que estoy haciendo», manifestó.
Tras la solicitud de juicio de procedencia, el presidente municipal dijo que ahora debe esperar la determinación de la Comisión Instructora del Congreso del Estado para fijar fecha de alegatos respecto a un eventual juicio de desafuero.
Cuestionado sobre los señalamientos de su partido político, Movimiento Ciudadano, respecto a si su caso obedece a un tema de persecución política, el munícipe de desmarcó de las posturas partidistas para enfocarse en su defensa legal.
«Estoy compareciendo como ciudadano y creo que me están viendo que estoy entrando solo. Creo en las instituciones, quiero creer en las instituciones y que si se abre un proceso, también es debido que cualquier persona pueda comparecer y demostrar su inocencia.
Tengo 47 años de edad, son más de 44 años de vivir en Ixhuatlán y la ciudadanía me conoce como servidor público de más de 10 o 12 años y como persona», subrayó.
Por su parte, su abogado, Erick Basto Morales, advirtió que la filtración de datos de la carpeta de investigación vulnera garantías constitucionales básicas del munícipe.
«Hay dos principios que rigen en la Constitución que protegen a todos los gobernados: la presunción de inocencia y el debido proceso. Creo que al haber filtraciones de ese tipo sí se violan un poco esos principios que pudieran conllevar posteriormente a violaciones procesales que se tienen que subsanar.
A él ni siquiera le suprimen sus nombres cuando dan la información, lo catalogan tal cual se filtró y eso es incorrecto, pero es parte del proceso y es parte de lo que estamos haciendo valer», concluyó.
