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Esto no es un “rezago técnico”. Es un desastre administrativo que está jodiendo el historial crediticio de miles de personas y que recae, de lleno, en la Dirección General de Recaudación que encabeza Israel Octavio Caballero de la Rosa.
Una investigación de este medio —expedientes, consultas de reportes de Sociedades de Información Crediticia — revela que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) lleva un atraso grave e injustificable en la actualización de la información que envía a Buró de Crédito y demás Sociedades de Información Crediticia.
El resultado es brutal: vehículos que ya pagaron, que ya cambiaron de dueño, que están dados de baja, que ya canjearon placas o que incluso ya están emplacados en otro estado, siguen apareciendo con “morosidad” por supuestos adeudos con Veracruz.
El contribuyente cumple… y el sistema lo sigue reportando como deudor. Historial crediticio destruido, créditos negados, perjuicios económicos reales.
Y para aclararlo, en muchos casos hay que soltar hasta 500 pesos solo para que Buró mueva un dedo; contratando el servicio que permite presentar una impugnación.
Hasta donde este diario pudo constatar, los reportes actualizados dejaron de enviarse como corresponde.
La responsabilidad apunta directamente a la mala administración de Caballero de la Rosa.
Y no es opinión: es ley. El Artículo 146 del Código Fiscal de la Federación es claro y contundente: el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.
El plazo corre desde que el pago pudo ser legalmente exigido y solo se interrumpe con gestiones de cobro notificadas al deudor o con reconocimiento expreso o tácito de éste.
Además, aun con interrupciones, el plazo total no puede rebasar los diez años. Por eso es extrañar que los adeudos que todavía se reflejan en la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) van desde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 que ya están prescritos.
Solo deberían estar vivos, en principio, los ejercicios de 2022 a 2026.
Mantener vivos créditos prescritos no es “cobrar”: es negligencia o peor.
El Código Financiero para el Estado de Veracruz tampoco deja escapatoria.
Obliga a la autoridad a mantener actualizado el padrón vehicular.
Y el Artículo 60, apartado B, fracción II, reconoce expresamente como causa de baja el cambio a otra entidad federativa y los vehículos registrados en otra.
Es decir: si el carro ya salió del padrón veracruzano y se registró en Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Puebla o donde sea, la baja procede.
No “debería proceder”.
Procede.
Las contribuciones solo nacen cuando se actualizan los supuestos de ley dentro del territorio que corresponde.
Reportar lo que ya no existe es inventar deudas.
Pero hay más.
Documentación y testimonios recabados por este medio señalan que, por instrucción de la Lic. Angélica Malpica Morfines, Jefa del Departamento de Control Vehicular —señalada en coberturas previas como cercana a Caballero de la Rosa—, se frenaron o limitaron los intercambios de información de control vehicular con otras entidades federativas.
¿El efecto práctico?
Si usted vendió el vehículo, cumplió con la baja en otro estado y lo emplacó allá, esa información no se actualiza en el sistema de Recaudación de Veracruz.
Y después pretenden que el ciudadano pague otra vez la baja bajo el argumento de que “tiene que entregar las placas en Veracruz”.
Como si el federalismo fuera un invento y la coordinación entre estados fuera opcional.
El control vehicular entre entidades federativas exige, por definición, mecanismos de coordinación e intercambio de información.
Sin eso, el mismo vehículo genera obligaciones fantasma en dos lugares.
El Código Financiero local regula precisamente esos avisos para evitar este circo. Aquí parece que se decidió apagar el intercomunicador… y que el contribuyente pague las consecuencias.
Mientras tanto, quien necesita un crédito de emergencia, un financiamiento o simplemente un historial limpio se queda indefenso.
Porque SEFIPLAN no actualiza, Buró sigue reportando y el ciudadano es el único que paga: con dinero, con tiempo y con su nombre manchado.
Este medio seguirá documentando casos y exigirá formalmente la postura de SEFIPLAN, de la Dirección General de Recaudación y del área de Control Vehicular.
Porque cuando miles de veracruzanos siguen en Buró por deudas inexistentes o prescritas, ya no se trata de “rezago”.
Se trata de daño patrimonial con sello oficial.
Y la responsabilidad tiene nombre, apellido y puesto:
Israel Octavio Caballero de la Rosa y Angélica Malpica Morfines.
