Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver.
Luego de que se diera a conocer que el alcalde de Jalcomulco, Roberto Ixtla Campuzano fue denunciado por fraude y despojo, el ciudadano Luis Antonio Burillo Arenas, reveló que ahora el munícipe de Movimiento Ciudadano, no quiere pagar la casa ubicada en el fraccionamiento Montemagno, ya que las notas periodisticas sobre su intento de agandalle, le generaron «daño moral».
El afectado aseguró que Ixtla Campuzano fue quien hizo las negociaciones -como él lo admitió en un vídeo difundido en sus redes sociales-, cuando no era alcalde, pero las promesas de pago las hizo para este año, cuando ya ejerce funciones, por lo que pretendía pagar con recursos públicos una propiedad de 3.5 millones de pesos, pero poniéndola a nombre de su señora madre, Rosalba Campuzano Flores.
La señora se identificó como ama de casa, avecindada en la localidad de Jalcomulco, pero fue quien apareció en todo momento como la compradora del inmueble, circunstancia que reforzó la convicción de los vendedores de que quien realmente la iba a pagar era el Alcalde.
El contrato de compra-venta del inmueble se hizo con la mamá del edil porque los afectados consideraron que actuó en representación de su hijo, pero todas las negociaciones y acuerdos se realizaron con el presidente municipal.
«La señora únicamente acudió a firmar el contrato. De acuerdo con lo pactado, el comprador debía cubrir un pago de un millón de pesos a más tardar el 31 de diciembre de 2025, y un segundo pago por la misma cantidad el 28 de febrero de 2026.
Ninguno de estos pagos fue realizado. Ante el incumplimiento, comenzamos a buscar al señor Roberto Ixtla Campuzano para conocer las razones por las cuales no estaba cumpliendo con sus obligaciones», refirió.
Sus respuestas eran que tenía problemas de liquidez y que el Ayuntamiento no le estaba proporcionando recursos suficientes, argumentando que el dinero del que disponía apenas le alcanzaba para atender sus compromisos personales y cotidianos, reveló Burillo Arenas.
Con el paso de los días, el afectado y su familia se enteraron que el Alcalde, no sólo les debe a ellos, sino que tiene otras muchas deudas con particulares, derivadas de compromisos adquiridos en campaña, luego ya como presidente municipal y ahora en el ejercicio del cargo.
El afectado sostuvo que el edil sí les ofreció pagarles con obra pública, a pesar de que lo negó en el vídeo que compartió en sus redes sociales, por lo que le dijeron que no.
«Nuestra negativa fue absoluta por dos razones: la primera, porque no corresponde al vendedor trabajar para recuperar el precio de un bien que ya fue vendido y dos, porque aceptar una propuesta de esa naturaleza podría implicar una situación incompatible con los principios de legalidad y transparencia que deben regir la contratación de obra pública», aseveró.
Durante semanas Robero Ixtla dejó de responder llamadas y mensajes y a principios de mayo se enteraron que había ingresado al inmueble y había iniciado una remodelación sin consentimiento del propietario y a pesar de que no había pagado nada.
Cuando acudieron a la casa se dieron cuenta de que había tirado muros, desmontado muebles de la cocina, alterado habitaciones y cambiado la fachada, entre otros, cuando se suponía que no tenía dinero.
«Actualmente estimamos que el inmueble ha sido transformado en aproximadamente un 70 por ciento», expuso Burillo Arenas.
Después de esto, el alcalde de Jalcomulco, Roberto le hizo dos propuestas al propietario: la primera, que le iba a pagar únicamente un millón 500 mil pesos, cuando el trato fue por 3.5 millones de pesos, pero después supieron que tampoco tenía los 1.5 millones de pesos.
Y, la segunda propuesta fue devolver el inmueble, pero quería o quiere que le reembolsen los gastos que hizo al remodelar el inmueble que no es suyo y que entró sin autorización.
Además, el alcalde del partido naranja, quiere que el afectado también le devuelva el anticipo recibido y pagar una penalización, lo que representaría una cantidad cercana a los 2 millones de pesos adicionales.
«Consideramos que estas propuestas resultan desproporcionadas e incompatibles con el incumplimiento previo del contrato, por lo que no ha sido posible alcanzar un acuerdo», reconoció.
Expuso que todo esto ha generado una profunda preocupación para su familia, además del daño patrimonial que están enfrentando.
La familia del afectado vive un ambiente de incertidumbre y temor, porque se trata de un servidor público con poder político en funciones.
Luis Burillo dijo que ellos sólo quieren recuperar el inmueble por las vías legales y expresó que no están dispuestos a permanecer en silencio frente a lo que consideramos una actuación injusta.
Por ello, llamaron de forma respetuosa a la gobernadora Rocío Nahle, para que las autoridades competentes garanticen que este conflicto pueda resolverse conforme a Derecho, sin privilegios ni influencias políticas y, sobre todo, que prevalezca el Estado de Derecho.
