Salvador Muñoz
Los Políticos
Dicen que con el salario de los trabajadores no se juega, aunque algunos servidores públicos parecen tomar la frase como una invitación. En Alto Lucero, empleados municipales denunciaron que les descontaron de la nómina el costo de boletos para un baile que no lograron vender. Traducido al castellano administrativo: el Ayuntamiento organiza la fiesta, reparte las entradas y, si el burócrata no consigue clientes, termina poniendo la música… y también la lana.
Obviamente, siempre aparecerá alguien dispuesto a explicar que no fue descuento, sino “apoyo”; que no fue obligación, sino “colaboración”; que no fue abuso, sino “compromiso con el municipio”. En el servicio público, las palabras tienen la extraordinaria capacidad de convertir un sablazo en solidaridad institucional. Lo único que no cambia es la cuenta bancaria del trabajador, que recibe menos dinero por causas ajenas a sus funciones.
Roque Castillo, alcalde de Alto Lucero, tendrá que explicar cómo fue que una celebración terminó metiéndose hasta los recibos de nómina. Porque una cosa es invitar a los empleados a participar en las actividades municipales y otra muy distinta convertirlos en vendedores cautivos. El salario no es caja chica, taquilla, tanda, cooperación para el pastel ni fondo revolvente para financiar las ocurrencias del gobernante en turno.
Hace apenas unas semanas, el diputado Héctor Yunes Landa llevó a la tribuna del Congreso otro señalamiento parecido. Expuso el caso de una extrabajadora que acusó a la diputada morenista Victoria Gutiérrez de presuntamente exigirle la entrega de una parte de su sueldo. La acusación, como corresponde, debe investigarse y conceder el derecho de respuesta. Pero la simple existencia de estos testimonios muestra que la nómina pública merece algo más que discursos indignados.
El mecanismo denunciado suele repetirse con ligeras variaciones: alguien aparece formalmente contratado, cobra una cantidad determinada y posteriormente debe devolver una parte. La explicación casi siempre llega envuelta en buenas intenciones: que el dinero servirá para pagar a otros colaboradores, apoyar actividades, sostener una oficina o resolver necesidades que el presupuesto –pobrecito– no contempló. La causa podrá parecer noble; el método sigue siendo profundamente cuestionable.
Nadie debería aceptar como normal que un trabajador cobre, por decir algo, veinte mil pesos y tenga que quedarse con una cuarta parte de su salario por entregar el resto a una persona cercana a su superior.
Y hay casos que no se trata de cooperación ocasional sino constante y sonante quincena tras quincena.
Grave sería que estas prácticas no sólo se confirmaran sino que fueran lo normal en oficinas de la Cuarta Transformación porque para mover dinero de una nómina se requieren silencios, intermediarios y empleados suficientemente necesitados como para aceptar condiciones que jamás aparecerán escritas en un contrato. El abuso laboral rara vez llega con oficio membretado. Generalmente se transmite en voz baja, acompañado de un “así se trabaja aquí”.
Aquel señalamiento a Alto Lucero nos recordó el video que ex empleada dirigió a Victoria Gutiérrez. El video siguió circulando, el testimonio quedó expuesto y las cifras permanecieron ahí, incómodas, esperando una explicación que nunca llegó con la misma fuerza.
Resulta curioso que la transparencia suele ser muy valiente mientras no tenga que mirarse al espejo.
Corresponde a las autoridades determinar si en Alto Lucero existieron descuentos indebidos, si en otras oficinas hay empleados obligados a devolver parte de sus percepciones y si esos recursos terminaron realmente pagando a otros trabajadores o tomaron rutas menos altruistas.
Íbamos a creer que el presupuesto público pagaba salarios para que los trabajadores vivieran de ellos, pero quizá somos demasiado ingenuos. Tal vez la nómina sea vista por ciertos personajes como un terreno fértil donde se puede sembrar colaboradores, cosechar quincenas y repartir el fruto según las necesidades del grupo. Una especie de reforma agraria burocrática: la plaza es del empleado, pero la cosecha pertenece al patrón político.
Al final, el caso de Alto Lucero no debería quedarse en los boletos de un baile, ni el de Victoria Gutiérrez en una intervención de tribuna.
