Luis Alberto Romero
Hora Cero
De forma reciente, la Contraloría General del Estado de Veracruz dio a conocer a los comités ganadores de la etapa estatal del Premio Nacional de Contraloría Social 2026.
En una publicación difundida en redes sociales, la Contraloría agradeció la participación y el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de una gestión pública cercana a la sociedad.
En la etapa estatal, el primer lugar del citado concurso fue otorgado al Comité de Contraloría Ciudadana del Instituto de Pensiones del Estado, de Xalapa; el segundo fue para el Comité de Contraloría Social de la Coordinación Estatal de Veracruz de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, programa “La Clínica es Nuestra”, de Alto Lucero; y el tercero, para la Contraloría Ciudadana del Instituto de Espacios Educativos del Jardín de Niños “Manuel Gutiérrez Zamora”, de Boca del Río.
El reconocimiento a la Contraloría Ciudadana del IPE habla del trabajo que se realiza en el Instituto responsable del manejo del sistema veracruzano de pensiones.
Este es un ente que ha sido auditado hasta el cansancio; cada año le realizan al menos ocho revisiones minuciosas, sin que hasta la fecha se haya detectado alguna irregularidad.
La Auditoría Superior de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Contraloría y hasta despachos internos han revisado con lupa el manejo de los recursos en el IPE, así como el cumplimiento de las normas y los procesos. En ocho años, durante las gestiones de Daniela Griego Ceballos y Octavio Hernández Lara, nada se ha detectado: ni irregularidades, ni errores administrativos y mucho menos daño patrimonial.
Este año, por cierto, al Instituto de Pensiones del Estado le practican 10 auditorías, entre federales, estatales e internas. Tantas revisiones y auditorías son comprensibles porque, a fin de cuentas, este organismo maneja los recursos de los pensionados del sistema estatal, las cuotas de los trabajadores y las aportaciones gubernamentales, el portafolio inmobiliario y una reserva técnica que supera los 3 mil millones de pesos y que sirve como garantía de que, en ningún momento, quienes entregaron sus años productivos al servicio del Gobierno del Estado, de los municipios o de la Universidad Veracruzana dejarán de percibir de forma puntual el importe de su jubilación.
Lo que tranquiliza a los trabajadores y sus sindicatos, pero sobre todo a los pensionados, es que desde hace casi ocho años no ha habido ningún retraso en el pago de la nómina, que actualmente supera los 800 millones de pesos que cada mes se distribuyen a más de 38,000 pensionados.
En el pasado, afortunadamente, quedaron los tiempos en que los pensionados del sistema estatal veracruzano vivían con la incertidumbre sobre el adecuado manejo de las cuotas y, sobre todo, sobre la puntualidad en la dispersión de la nómina.
Por cierto, después de casi ocho años de auditorías exhaustivas, al IPE no le han girado ninguna observación o recomendación, lo que habla del trabajo realizado tanto por Daniela Griego como por Octavio Hernández al frente de un organismo que hace años dejó de ser un problema para el Gobierno del Estado.
Como dato adicional, el pasado 5 de julio, en el marco del Informe Anual de Actividades del IPE, la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, se refirió al trabajo realizado por el Instituto y al orden con que se maneja; dijo que en las auditorías a los ejercicios previos no hay en el Instituto un solo caso de daño patrimonial; y le felicitó por ese manejo.
@luisromero85
