Lo que empezó como chismes de pasillo entre trabajadores de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) ya está tomando otro tamaño. Si se confirman documentalmente, podrían obligar a revisar una serie de operaciones en la Dirección General de Recaudación y Vinculación Hacendaria.
Hoy llegó a esta redacción, vía comentario de WhatsApp, la versión que circula entre empleados: hablan de aproximadamente cientos de bajas vehiculares presuntamente improcedentes (el número exacto lo tendría que precisar la autoridad), un daño patrimonial de varios millones y una red que, según ellos, operaba desde dentro de la propia dirección.
El asunto, de acuerdo con esas mismas versiones, ya habría llegado a la Procuraduría Fiscal. Ahí podrían ser citados a declarar Asael Perdomo, Melquiades Valencia y Yesika.
Pero detrás de esos nombres aparece otro personaje que los trabajadores señalan como pieza clave: Carla, quien durante varias administraciones ocupó el puesto de secretaria particular de los titulares de la Dirección.
EL CÍRCULO DE CONFIANZA
Según las versiones internas, Carla llegó a la dependencia en la época de Darío Hernández Zamudio. La habría recomendado Neira, a quien sus compañeros apodan “La Chacala” porque, dicen, “a todo dinero que podía le pegaba un zarpazo”. Neira se hizo famosa en su momento por el idilio que mantenía con un secretario de sindicato con el que negociaba plazas, movimientos y compensaciones a diestra y siniestra; y con varios jóvenes de construyendo el futuro que se comió y ahora anduvieron en las Oficinas de Hacienda; todo a cambio de colágeno.
Trabajadores afirman que la relación entre Neira y Carla pasó del terreno laboral al personal: compadrazgo y viajes juntos. A partir de esa cercanía, Carla se habría mantenido como personal de confianza y después logró recategorizaciones y mejoras salariales.
La versión que se repite es que su cercanía con los directores le dio una influencia importante sobre qué documentación llegaba a firma. De ahí el apodo que le pusieron: “La Capataz”.
¿QUIÉN DECIDÍA QUÉ LLEGABA A FIRMA?
El señalamiento más delicado no apunta necesariamente a quién firmaba, sino a quién controlaba el flujo previo de los papeles.
Según trabajadores, Carla recibía y canalizaba ciertos oficios para llevarlos a la firma del director. Primero con Darío Hernández Zamudio y después con el actual titular, Israel Octavio Caballero de la Rosa.
Si se confirman bajas improcedentes, será clave determinar si esos documentos pasaron por los controles normales antes de llegar a la firma. Porque una cosa es que un funcionario firme confiando en el expediente que le ponen enfrente, y otra muy distinta es que alguien filtre, oculte o modifique información para lograr una autorización.
MELQUIADES VALENCIA Y EL “COYOTE VALENCIA”
En esta historia aparece también Melquiades Valencia Fernández. Según las versiones internas, es hijo de un conocido comerciante de vehículos en Xalapa al que en el medio llaman “Coyote Valencia”, relacionado con la compra-venta de unidades y con trámites vehiculares.
Esa relación familiar, por sí sola, no prueba nada. Pero los trabajadores consideran que debería investigarse si existió algún conflicto de interés o coordinación entre personas externas y servidores públicos en relación con las bajas que ahora se cuestionan.
EL PUNTO MÁS DELICADO: LAS CLAVES DE YESIKA
Uno de los señalamientos más graves apunta a Yesika. La versión interna sostiene que Melquiades habría tenido acceso a sus claves de usuario y que se realizaron movimientos utilizando esas credenciales.
Si eso es cierto, las bitácoras de los sistemas de SEFIPLAN podrían mostrar quién realizó físicamente cada operación y bajo qué usuario quedó registrada. La pregunta de fondo es simple: ¿el usuario que aparece en el sistema corresponde realmente a la persona que hizo la operación?
Cualquier investigación seria tendría que revisar bitácoras, equipos, horarios, expedientes y oficios.
¿Qué pasó cuando empezaron las revisiones?
Otro señalamiento que circula apunta directamente a la relación entre Carla y Melquiades. Según esta versión, cuando empezaron a revisar las bajas cuestionadas, Carla alertó a Melquiades. Después del aviso, dicen, Melquiades “se fue de pelada” del entorno laboral relacionado con esos movimientos.
Este punto, por su gravedad, tendría que corroborarse con fechas, registros de asistencia, comunicaciones y cualquier otro elemento que permita saber si realmente hubo una alerta previa y quién la hizo.
El supuesto circuito
La narrativa que se maneja entre trabajadores describe un circuito bastante claro:
Melquiades realizaba las bajas → se elaboraba el oficio → la documentación llegaba a Carla → Carla la canalizaba a firma → el director autorizaba.
Si ese circuito existió, la investigación tendría que establecer qué controles funcionaban (o no) en cada etapa. Porque si se detectaron bajas improcedentes, habrá que determinar si fueron errores, negligencia o una actuación deliberada.
Después de las bajas: las cámaras
Algunos trabajadores van más lejos. Dicen que, cuando se cerraron las posibilidades de seguir con ese tipo de movimientos, Carla buscó otras vías de influencia. En ese contexto aparece el nombre de Carlos Enrique, quien actualmente tendría responsabilidades relacionadas con la coordinación o el monitoreo de las cámaras de seguridad de las oficinas.
Afirman que existe una relación personal entre ambos y que el acceso a las imágenes de videovigilancia podría usarse para identificar situaciones comprometedoras de trabajadores y después ejercer presión sobre ellos. Incluso se habla de coaccionarlos para que realicen trámites relacionados con el “Coyote Valencia”.
Este punto, de ser cierto, exigiría una investigación completamente distinta: registros de acceso a las cámaras, políticas de videovigilancia, comunicaciones y, en su caso, denuncias formales.
LA RED DE ASAEL PERDOMO
Algunos trabajadores sostienen que Asael Perdomo, cuando fue jefe de Control Vehicular, armó una red bien planificada: eliminaban deudas millonarias de vehículos al darlos de baja y los autorizaban simultáneamente en diversas oficinas de Hacienda. Ahí, según ellos, empezó todo. Y su mano derecha y personal de confianza era Melquiades, quien —dicen— aprendió muy bien las “malas mañas” de su jefe.
EL PAPEL DE NEIRA
La narrativa interna vuelve a colocar a Neira en el centro. Quienes conocen la estructura aseguran que su relación con Carla viene de años atrás y que fue precisamente ella quien la recomendó para entrar a la Dirección. Ahora, según los mismos señalamientos, ambas seguirían manteniendo una relación de confianza y tendrían acceso a información que podría usarse para generar beneficios.
La acusación es seria. Y por eso mismo debe probarse. No basta con que exista amistad, compadrazgo o cercanía laboral. Lo que tendría que acreditarse es si hubo intercambio indebido de información, uso de recursos públicos para fines particulares o algún mecanismo de presión contra trabajadores.
DEMASIADAS COINCIDENCIAS PARA NO INVESTIGAR
Vistas en conjunto, las versiones plantean preguntas que no deberían ignorarse:
• ¿Existieron realmente los aproximadamente cientos de bajas improcedentes?
• ¿Quién realizó cada una?
• ¿Se utilizaron claves de trabajadores distintos a quienes físicamente hicieron las operaciones?
• ¿Quién elaboraba los oficios y quién los canalizaba a firma?
• ¿Qué papel real desempeñaba Carla?
• ¿Quién autorizaba finalmente los movimientos?
• ¿Carla alertó a Melquiades cuando empezaron las revisiones?
• ¿Qué relación tenía el “Coyote Valencia” con las personas involucradas y con el mercado de trámites vehiculares?
• ¿Quién tiene acceso actualmente a las cámaras de seguridad y existen registros de quién consulta las imágenes?
• ¿Se ha usado información de las cámaras para presionar a trabajadores?
Y, sobre todo: ¿existió realmente un círculo de confianza que durante años operó por encima de los controles institucionales?
Por ahora, varias de estas afirmaciones siguen en el terreno de los señalamientos internos y versiones de trabajadores. Pero si la autoridad tiene los expedientes, las bitácoras de los sistemas, los registros de usuarios, los oficios, las firmas y los controles de videovigilancia, entonces hay una forma relativamente sencilla de separar el rumor de los hechos.
Que se revisen los sistemas.
Que se revisen los expedientes.
Que se revisen las firmas.
Que se revisen las cámaras.
Y que, si alguien incurrió en una conducta irregular, responda ante las autoridades correspondientes.
Porque si las acusaciones son falsas, la documentación debería demostrarlo.
Pero si son ciertas, el problema no sería solamente una baja vehicular mal hecha. Sería la posible existencia de una estructura de confianza dentro de una dependencia pública que operó durante demasiado tiempo sin los controles necesarios.
NOTA EDITORIAL
Los señalamientos contenidos en esta información no constituyen una imputación de responsabilidad penal ni administrativa. Las personas mencionadas deben ser consideradas inocentes mientras no exista resolución de autoridad competente. La publicación de acusaciones específicas requiere corroboración documental y, tratándose de señalamientos graves, el derecho de réplica de los involucrados.
