Ángeles González Ceballos
Integrantes de la asociación «No más hijos rehenes México», delegación Veracruz, afirmó que en Veracruz existen alrededor de 80 mil expedientes judiciales acumulados de procesos de divorcio y separación familiar, en los que hay disputas por la guardia y custodia de sus hijos, así como, pensiones alimenticias y convivencia con niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, Benjamín Urquijo Rodríguez, delegado de la organización en Veracruz, afirmó que aproximadamente la mitad corresponderían a asuntos familiares en los que existen menores involucrados.
Por ello, solicitó la intervención de las autoridades estatales para mejorar los protocolos de actuación.
Explicó que el principal objetivo de «No más hijos rehenes México», es defender el derecho de las infancias a mantener vínculos sanos con ambos progenitores y familiares, ya que la ruptura de sua lazos puede afectar sus emociones y su desarrollo.
Recordó que en los conflictos familiares, los menores pueden quedar en medio de las disputas entre los adultos, particularmente cuando los procedimientos judiciales se prolongan por años.
Urquijo Rodríguez definió que tanto la pensión alimenticia como la convivencia con mamá y papá son derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, por lo que es necesario evitar que los conflictos entre los adultos terminen afectando los vínculos familiares.
Fue ahí donde puntualizó que la asociación actualmente cuenta con más de mil 800 personas en sus redes sociales que aseguran haber enfrentado situaciones relacionadas con la obstrucción de la convivencia familiar.
Además, aseguró que hay un uso indebido de denuncias, incluso en algunos casos son falsas y derivan en medidas de restricción que impiden de manera inmediata la convivencia entre padres e hijos.
Señaló que esas denuncias pueden ser por distintos delitos, pero las que más le preocupa a la organización, son las denuncias por presunto abuso sexual, ya que ahí las consecuencias jurídicas son para la persona señalada.
Citó como ejemplo el caso de Carlos Alfredo Pérez Maglio, ciudadano argentino con residencia permanente en México, quien enfrenta un proceso penal derivado de una acusación de abuso sexual en contra de una de sus hijas.
Durante ese proceso ha habido contradicciones entre testimonios, cuestionamientos respecto de la valoración de pruebas documentales y periciales, así como la falta de notificación al consulado argentino, retrasos procesales, entre otros.
Aclaró que la asociación no está en contra un género en específico, ya que aquí participan padres, madres, abuelas y otros familiares que buscan preservar los vínculos con niñas, niños y adolescentes.
“Esto no es en contra de ningún género en específico. Nosotros, la mayoría, somos padres, pero también hay madres y abuelas, familiares extensos, que están peleando por los vínculos con sus hijos, con sus nietos”, afirmó.
Opinó que este tipo de casos deben ser investigados con mayor diligencia y que los jueces cuenten con herramientas para determinar si existe una afectación al vínculo entre los menores y alguno de sus progenitores.
En ese orden de ideas, indicó que el pasado 17 de abril entregaron una iniciativa de ley al Congreso del Estado, además de solicitudes de mesas de trabajo y reuniones con autoridades, pero hasta el momento no han tenido una respuesta.
Por ello, este viernes entregaron un oficio dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García, para solicitar una audiencia para exponer directamente sus propuestas y buscar mecanismos de colaboración con el Gobierno.
“Queremos que la Gobernadora nos reciba, podamos hablar de esto y nos ayude a impulsar las propuestas que ya hemos hecho”, manifestó.
