Ángeles González Ceballos

Defensores del patrimonio histórico, ambientalistas y miembros del Consejo Ciudadano para la Protección de Bienes Patrimoniales de Coatepec, demandaron el paro inmediato de las obras en el fraccionamiento San Lucas, sitio en donde recientemente fue descubierta una zona arqueológica y a la que tanto la Presidenta como la Gobernadora externaron todo su apoyo.

En conferencia de prensa, en esta capital, los activistas señalaron que los trabajos ponen en riesgo vestigios prehispánicos de alta relevancia.

​El arquitecto Gregorio Jácome, representante del Consejo Ciudadano, expuso que los hallazgos recientes indican que el sitio de Campo Viejo abarcaba una superficie mayor a la registrada.

Las evidencias sugieren la existencia de una antigua ciudad de aproximadamente 30 hectáreas.

​En el área destaca una plataforma de 20 por 30 metros y una pieza monumental denominada provisionalmente “Estela Coatepec”. 

Jácome puntualizó que el predio pertenece a la empresa Inmobiliaria San Lucas, donde la firma proyecta 400 viviendas en 12 hectáreas.

​El vocero alertó que los trabajos de urbanización representan una amenaza directa, pues las estructuras yacen a una profundidad de entre 1.5 y dos metros respecto a la superficie. 

«En la medida que siga la construcción van a desbaratar todo», advirtió.

​El representante enfatizó que las estructuras de San Lucas forman parte de un sistema más amplio con presencia en La Trinidad, Santa Cecilia, Santa Rosa y Santa María. 

Ante este panorama, el colectivo calificó como prioritaria la aplicación de estudios con tecnología avanzada, como radares de subsuelo, en reemplazo de las excavaciones a pico y pala.

​El costo de estos análisis técnicos ronda los 700 mil pesos, aseveró y mencionó que el Consejo consideró viable el uso de recursos públicos para la exploración previa a cualquier aval de urbanización. 

Jácome recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunciaron apoyos económicos para la investigación de la zona el 19 y 22 de junio, respectivamente.

La Presidenta aseguró que para este descubrimiento en específico habría el presupuesto necesario para lo que se requiera en relación con la investigación y restauración de la zona donde fueron localizados los vestigios.

​Pese a los anuncios gubernamentales, el colectivo lamentó la continuidad de los trabajos de construcción y la venta de lotes. 

«Se pasa el tiempo y siguen las construcciones, siguen vendiendo», recriminó Jacome.

​El Consejo Ciudadano ya entabló pláticas con las autoridades municipales de Coatepec para integrar una comisión técnica y jurídica. 

La meta central consiste en la suspensión temporal de los trabajos de edificación durante el desarrollo de las investigaciones.

​Los activistas aclararon que la defensa del sitio no es reciente, pues la existencia de vestigios en Coatepec se conoce desde hace décadas. 

Los integrantes denunciaron que hallazgos previos sufrieron saqueos o quedaron sepultados bajo desarrollos comerciales y habitacionales. 

«Siempre se ha alzado la voz, sólo que apenas se empieza a respetar y escuchar», expresó el arquitecto.

​El grupo planteó la ejecución de un diagnóstico técnico integral para evaluar el área intervenida por edificaciones anteriores.

Asimismo, recomendó a los potenciales compradores no adquirir inmuebles en el desarrollo hasta aclarar el valor del polígono.

​La propuesta ciudadana contempla la suspensión de la obra, la asignación de fondos para investigación especializada y la posterior creación de un museo de sitio. 

Los defensores destacaron el potencial del turismo cultural y de aventura como detonador económico local.

​Uno de los activistas subrayó que la necesidad habitacional no debe prevalecer sobre la riqueza cultural y ecológica. 

«Es necesaria la suspensión inmediata como principio de precaución», afirmó al exigir la intervención de los tres órdenes de Gobierno.

​Los integrantes citaron el precedente legal de Calica para argumentar que los permisos otorgados no impiden la detención de las obras. Finalmente, el Consejo Ciudadano reiteró su llamado al Ayuntamiento de Coatepec, al Gobierno de Veracruz, al INAH y a la Federación para la asignación de recursos y la protección del legado arqueológico antes del avance de las máquinas.