Pepe Cortés
Hay una imagen que resume mejor que cualquier discurso el estado de nuestra salud pública: una persona saliendo de un hospital del gobierno con una receta en la mano para recorrer farmacias buscando lo que no encontró adentro. No sale de una clínica privada, sale del Centro de Alta Especialidad «Dr. Rafael Lucio» de Xalapa, uno de los hospitales de referencia más importantes de Veracruz. Detrás de esa receta hay una familia preguntándose de dónde sacar dinero para comprar lo que el Estado tenía la obligación de proporcionarle. Ahí comienza una historia que ningún porcentaje de abastecimiento puede explicar.
Trabajadores del CAE han denunciado durante meses carencias de medicamentos, material de curación e insumos indispensables. Los reportes mencionan antibióticos, soluciones, gasas, guantes, jeringas, suturas, catéteres, sondas y materiales para quirófano, con señalamientos en áreas como Cirugía General, Medicina Interna, Terapia Intensiva y Pediatría. La acusación más delicada sostiene que las cirugías programadas estarían suspendidas desde noviembre de 2025 y que más de mil pacientes esperan una intervención. La autoridad tiene los registros para confirmarlo o desmentirlo. Que los publique.
El problema tiene además un costo directo para las familias. Existen testimonios de pacientes y familiares que aseguran haber tenido que comprar medicamentos, materiales e incluso estudios fuera del hospital, con gastos que en algunos casos alcanzan los 13 mil pesos. Para un hogar eso puede significar endeudarse, pedir prestado o dejar de cubrir otras necesidades para atender a un enfermo. El sistema público existe precisamente para evitar que una enfermedad se convierta también en una condena económica.
Frente a las denuncias, Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, habló de una «campaña de odio» y cuestionó las motivaciones de quienes hicieron públicos los faltantes. Un funcionario tiene derecho a defender su gestión, pero existe una manera mucho más efectiva de responder: publicar el abastecimiento específico del CAE, las claves agotadas, los inventarios, las órdenes pendientes y las cirugías en espera. Antes de cuestionar a quien denuncia, conviene revisar los anaqueles.
La contradicción surgió desde el propio gobierno. Rocío Nahle reconoció reportes de falta de material de curación, particularmente para quirófanos; informó que habló con Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, para solicitar insumos y señaló que, si la institución federal no proporcionaba lo necesario, el Gobierno de Veracruz podría adquirirlo directamente y posteriormente realizar el ajuste financiero correspondiente. La gobernadora hizo bien al reconocer el problema y buscar una solución, pero su declaración deja una pregunta inevitable: si todo fuera una campaña de odio, ¿qué tendría que comprar el Gobierno de Veracruz?
Indira Rosales, diputada local del PAN, llevó el asunto al Congreso y sostuvo que exigir medicamentos, material médico y mejores hospitales no constituye una campaña de odio. También retomó la denuncia sobre más de mil pacientes esperando cirugía. La oposición debe señalar y exigir cuentas; el gobierno debe resolver. Al paciente que espera una operación le importa poco quién gana la discusión política. Lo que necesita es entrar al quirófano.
Las cifras oficiales también requieren explicación. En enero, el Gobierno de Veracruz anunció la distribución de más de 10 millones de piezas de medicamentos y material de curación para la red pública estatal, con una inversión de 483 millones de pesos. Meses después informó que el abastecimiento superaba el 90 por ciento. Si esos números reflejaban correctamente la realidad, hay que explicar las denuncias reiteradas por falta de insumos en un hospital de alta especialidad. Para quien sostiene una receta sin surtir, el abastecimiento no es 90 por ciento. Es cero.
Por eso hay que abrir los números: inventarios del CAE, medicamentos agotados, recetas incompletas, cirugías diferidas por falta de material y piezas realmente recibidas por el hospital. Si los documentos demuestran que las denuncias fueron exageradas, habrá que reconocerlo; si confirman las carencias, habrá que determinar responsabilidades. No necesitamos fotografías de funcionarios entregando cajas; necesitamos medicamentos en los anaqueles.
Y entonces llegamos a la responsabilidad política. Morena gobierna Veracruz, gobierna México e IMSS-Bienestar forma parte del modelo sanitario construido por sus gobiernos. Después de años en el poder ya no pueden seguir administrando culpas heredadas. Prometieron transformar el sistema de salud y hoy deben responder por sus resultados. La salud pública se mide cuando un paciente recibe su medicamento, cuando un cirujano puede operar y cuando una enfermera tiene los materiales necesarios para atender. Ahí se mide un gobierno.
Pero los ciudadanos tampoco podemos acostumbrarnos. Una receta sin surtir, una cirugía aplazada o una familia endeudándose para conseguir insumos no pueden convertirse en parte normal de acudir a un hospital público. Hay que preguntar, documentar, denunciar y exigir respuestas, porque detrás de cada cifra existe una persona esperando atención. No son porcentajes: son vidas.
Que nadie nos convenza de normalizar lo inaceptable.
Si faltan medicinas, alcemos la voz. Si faltan respuestas, exijámoslas. Y si el gobierno falla, recordémosle hasta que cumpla que está ahí para servir a los ciudadanos, no para pedirles silencio.
@pepecortesmx
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal del PAN en Veracruz, analista político y económico, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
Nota: Esta es una columna de opinión elaborada a partir de denuncias públicas de personal médico, pacientes y familiares, así como declaraciones de autoridades y legisladores e información difundida públicamente. Las cifras sobre cirugías pendientes y faltantes señalados corresponden a denuncias que deben ser confirmadas o desmentidas por las autoridades mediante los registros e inventarios oficiales del sistema de salud.
