Ángeles González Ceballos
La mañana de este lunes, al menos tres protestas se llevaron a cabo en la plaza Lerdo de esta capital, con distintos reclamos al gobierno de Veracruz.
Por una parte, los extrabajadores de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, quienes siguen exigiendo el pago de sus prestaciones económicas, tras el fraude cometido en su contra en el gobierno de Javier Duarte.
Por otra parte, la protesta de los extrabajadores del ayuntamiento de Alto Lucero quienes exigen el pago de sus laudos, tras las batallas ganadas en los tribunales.
Los expolicías de la Policía Intermunicipal de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla protestaron para exigir el pago de indemnizaciones que adeuda el gobierno del Estado y para reclamar por el estancamiento de la carpeta de investigación 662/2022 sobre irregularidades de la administración de Javier Duarte de Ochoa.
“Nos dan largas. El mes pasado nos dijeron que nos iban a pagar, ahorita nos dijeron que esta semana, pero no nos llaman. No nos atienden y no nos dan una certeza jurídica de que les van a pagar”, señaló el representante legal, Ader Óscar Juárez.
Explicó que el recurso abarca a 600 exelementos con un monto individual de aproximadamente 20 mil pesos, no obstante, únicamente 171 personas han recibido el depósito.
“El recurso está. El recurso ya lo tienen, pero no ha autorizado la instancia correspondiente. No entiendo por qué, si ya se les pagó a 171, se está deteniendo ahora el resto de los pagos”, cuestionó.
El abogado expuso que la falta de resolución provocó afectaciones a las familias y citó el caso de un extrabajador de 70 años que falleció de un infarto a la espera del dinero.
Asimismo, reiteró las irregularidades graves en la Fiscalía, como la presunta pérdida de 18 tomos del expediente formal debido a una inundación.
“Eso nos afecta también. No tenemos todo lo que nos respalde. Yo sí tengo documentación, pero no tenemos los 18 tomos que en su momento se presentaron como denuncia”, señaló.
El litigante insistió que existen pruebas del desvío de fondos, como la certificación bancaria ante Banorte sobre la existencia y el cobro indebido de un cheque original de la Secretaría de Seguridad Pública.
Los manifestantes advirtieron que mantendrán la protesta hasta establecer compromisos claros.
“Nos traen vueltas y vueltas: que vengamos dentro del mes, que dentro de 15 días, que el otro mes. Ya es desgastante. Lo que pedimos es ser atendidos y que nos den una certeza de cuándo se les va a pagar”, concluyó.
Por otra parte, excolaboradores del ayuntamiento de Alto Lucero se manifestaron en esta misma plaza para exigir el cumplimiento de un laudo laboral a favor de 70 empleados, cuyo monto asciende a 86 millones de pesos tras 15 años de conflicto legal iniciado en 2011.
La representante Reinalda Castillo Aguilar enfatizó el desgaste físico y económico del grupo.
“Ya estamos cansados de luchar, estamos dando vueltas y vueltas”, reprochó.
Castillo Aguilar indicó que el laudo tiene resolución firme desde hace un lustro y descartó que los exempleados recibieran parte de los 20 millones de pesos que la administración municipal anterior destinó teóricamente a ese rubro.
“Nosotros no hemos recibido nada. Tenemos compañeros que ya murieron con la intención de que se les diera ese dinero que se logró trabajando”, lamentó la representante.
Ante la falta de diálogo con las autoridades locales, la vocera requirió la intervención directa de la titular del Ejecutivo Estatal.
“Le pedimos de favor a la gobernadora Rocío Nahle y al Secretario (Ricardo Ahued), que tomen cartas en el asunto”, pidió.
Castillo Aguilar criticó los rechazos de los alcaldes en turno y advirtió sobre la espiral financiera contra el erario municipal.
“Estamos expuestos a recibir malas palabras, a que nos cierren las puertas y la verdad no se vale, porque estamos luchando por algo que se ganó”, reclamó.
Finalmente, la señora Ana Luisa Domínguez Chávez, profesora jubilada, se manifestó para exigir justicia para su cuñada, por presuntas irregularidades cometidas por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y el sindicato al que pertenecía su familiar.
Explicó que su cuñado, Raúl Cisneros Valdivia, quien se desempeñó como maestro frente a grupo y posteriormente como supervisor escolar, falleció después de enfrentar durante varios años un problema laboral relacionado con su estado de salud.
Aseguró que la Secretaría de Educación lo dio de baja en 2024, sin que se hubiera realizado el procedimiento administrativo correspondiente.
“Él batalló como tres años para lograr que lo invalidaran porque él estaba enfermo del corazón”, señaló.
